/ miércoles 16 de octubre de 2024

Nada Personal / Días contados…

¿Se acuerdan del primer gran escándalo que tuvo la presidencia del panista Vicente Fox?

Para los desmemoriados, el gobierno del “Cambio”, ese que destronó al PRI en el año 2000, no es recordado por sus magnas obras, sino por el ‘Toallagate’, que ganó su nombre al darse a conocer que la administración federal compró para la residencia oficial de Los Pinos toallas que costaban más de 400 dólares cada una (equivalentes a poco más de 3 mil 600 pesos según el tipo de cambio de aquel entonces), además de otros enseres que pocos hogares mexicanos podrían costear.

En el sexenio del también panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) vinieron escándalos por obras que triplicaron su costo y su tiempo de entrega, como ‘La Estela de Luz’, así como el uso de organismos públicos para triangular recursos, entre ellos ‘Turissste’ y la entrega de contratos a empresas creadas exprofeso y licitaciones dirigidas.

Con Enrique Peña Nieto (2012-2018), el símbolo del comprobado conflicto de interés lo encabeza la ‘Casa Blanca’, además de ‘La Estafa Maestra’ mediante el cual se usaron programas sociales para el desvío de recursos públicos con fines electorales, sumado al caso Odebrecht por el que Emilio Lozoya fue encarcelado, pero hoy está fuera de prisión.

En el gobierno de cinco años y 10 meses de Andrés Manuel López Obrador también salieron a la luz casos de presunta corrupción, entre ellos el desvío de más de 20 mil millones de pesos en Segalmex; los contratos de Felipa Obrador con Pemex, en el que la prima del exmandatario recibió 365 millones de pesos de la paraestatal y, uno más, las antenas de Jenaro Villamil, mediante cuestionados contratos al interior del Sistema Público de Radiodifusión, pues se comprobó que varios estaban duplicados.

Esas revelaciones, junto con muchísimas otras, ocurrieron gracias a cientos de solicitudes de información y recursos de revisión ante el antiguo IFAI y actual INAI.

A lo largo de 20 años, el pueblo mexicano ha tenido la garantía de contar con el derecho de acceso a la información pública, sumado a la protección de datos personales.

El trabajo del INAI se ha centrado en promover la transparencia y la rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno, así como combatir la corrupción y asegurar que las instituciones públicas cumplan con sus obligaciones en materia de acceso a la información.

Empero, los días del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) están contados ante su inminente desaparición.

En su ‘Mañanera’ de este 15 de octubre y tras la controversia desatada desde hace meses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio por entendido que el organismo autónomo desaparecerá a más tardar en diciembre próximo.

Y aunque la primera presidenta del país defienda que el hecho de que el INAI desaparezca no significa el fin de la transparencia en el país, sí la pone en riesgo porque el plan del gobierno morenista es que la actual Secretaría de la Función Pública se transforme en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Es decir, la transparencia y el combate a la corrupción quedaría en manos del mismo gobierno con personajes afines a la cabeza y, con ello, se antoja imposible que se garantice el pleno derecho a la transparencia en el país.

O usted cree, en su sano juicio, que el gobierno morenista dará a conocer sus actos de probable corrupción y ellos mismos se sancionarán. La verdad yo no.

“Comisionado Tiktoker”

No vayamos tan lejos, el mejor ejemplo de lo anteriormente expuesto está en el comisionado tlaxcalteca Arturo De Casa Vega, quien sin pudor alguno muestra sus simpatías y amor político en favor del morenismo.

El ya conocido al interior del IAIP como “comisionado Tiktoker” no pierde ninguna oportunidad de fotografiarse con liderazgos del partido en el gobierno, como ocurrió el 28 de septiembre durante el tercer aniversario del triunfo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el pasado sábado 12 de octubre en la visita a Tlaxcala de la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján y del secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán.

En su perfil de Facebook se observa al comisionado no sólo portar gorra y los colores de Morena, sino también lanzar porras y presumir fotografías con la mandataria tlaxcalteca, el alcalde capitalino Alfonso Sánchez y con la estructura de la exdiputada Marcela González.

Si bien es sabido en los corrillos del Congreso del Estado que la designación de Arturo De Casa se debió a un compromiso político, el actuar del servidor público “autónomo” termina por comprobarlo.

Por si lo olvida, el Artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, establece que para fungir con su cargo debe ceñirse a los siguientes principios: certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.

Ahora bien, el comisionado seguramente alegará que estaba en su día de descanso, o bien, que tiene a salvo sus derechos políticos, pero eso sólo aplica para los representantes populares, quienes arriban a sus responsabilidades cobijados por un partido político y respaldados con el voto popular; en tanto, en el caso de los comisionados del IAIP se supone que sus actuaciones deben ser ajenas a los intereses de las partes en controversia y su actuar no deberá supeditarse a interés, autoridad o personal alguna.

A eso hay que agregar que apenas se inventó un podcast para entrevistar a sus “amigos” alcaldes con el pretexto de promover la transparencia, actividad que no está enmarcada en el plan de trabajo del organismo, pero sí utiliza la imagen institucional.

Aquí la pregunta es, ¿qué hará Arturo De Casa cuando le llegue una solicitud de información o recursos de revisión contra gobiernos morenistas, como por ejemplo el capitalino o el de Chiautempan?

Ya lo dijo el hoy expresidente que se fue a su destino natural allá en Palenque, Chiapas: puede que la conducta del comisionado “Tiktoker” sea legal, pero es inmoral.

RETAL

Paso a paso, el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García afianza su liderazgo y, de no ocurrir nada extraordinario, la mañana de este miércoles asumirá la presidencia de la Asociación de Autoridades Municipales de Tlaxcala, con el respaldo de más de la mitad de munícipes de la entidad y cuya mesa directiva estará integrada de manera equilibrada por autoridades del norte, sur, oriente y poniente de la entidad.

Aunque existan voces que pretenden minimizar su liderazgo, resalta que antes del evento del pasado sábado en el Centro de Convenciones, Alfonso Sánchez García sostuvo un encuentro privado con la lideresa morenista Luisa María Alcalde en las oficinas del hotel-restaurante “Xiadani”, espacio que ha servido de búnker de las estructuras lorenistas.

Preparémonos para el jaloneo, acuerdos y deslealtades en el que se convertirá el proceso sucesorio de 2027. Al tiempo.



¿Se acuerdan del primer gran escándalo que tuvo la presidencia del panista Vicente Fox?

Para los desmemoriados, el gobierno del “Cambio”, ese que destronó al PRI en el año 2000, no es recordado por sus magnas obras, sino por el ‘Toallagate’, que ganó su nombre al darse a conocer que la administración federal compró para la residencia oficial de Los Pinos toallas que costaban más de 400 dólares cada una (equivalentes a poco más de 3 mil 600 pesos según el tipo de cambio de aquel entonces), además de otros enseres que pocos hogares mexicanos podrían costear.

En el sexenio del también panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) vinieron escándalos por obras que triplicaron su costo y su tiempo de entrega, como ‘La Estela de Luz’, así como el uso de organismos públicos para triangular recursos, entre ellos ‘Turissste’ y la entrega de contratos a empresas creadas exprofeso y licitaciones dirigidas.

Con Enrique Peña Nieto (2012-2018), el símbolo del comprobado conflicto de interés lo encabeza la ‘Casa Blanca’, además de ‘La Estafa Maestra’ mediante el cual se usaron programas sociales para el desvío de recursos públicos con fines electorales, sumado al caso Odebrecht por el que Emilio Lozoya fue encarcelado, pero hoy está fuera de prisión.

En el gobierno de cinco años y 10 meses de Andrés Manuel López Obrador también salieron a la luz casos de presunta corrupción, entre ellos el desvío de más de 20 mil millones de pesos en Segalmex; los contratos de Felipa Obrador con Pemex, en el que la prima del exmandatario recibió 365 millones de pesos de la paraestatal y, uno más, las antenas de Jenaro Villamil, mediante cuestionados contratos al interior del Sistema Público de Radiodifusión, pues se comprobó que varios estaban duplicados.

Esas revelaciones, junto con muchísimas otras, ocurrieron gracias a cientos de solicitudes de información y recursos de revisión ante el antiguo IFAI y actual INAI.

A lo largo de 20 años, el pueblo mexicano ha tenido la garantía de contar con el derecho de acceso a la información pública, sumado a la protección de datos personales.

El trabajo del INAI se ha centrado en promover la transparencia y la rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno, así como combatir la corrupción y asegurar que las instituciones públicas cumplan con sus obligaciones en materia de acceso a la información.

Empero, los días del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) están contados ante su inminente desaparición.

En su ‘Mañanera’ de este 15 de octubre y tras la controversia desatada desde hace meses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio por entendido que el organismo autónomo desaparecerá a más tardar en diciembre próximo.

Y aunque la primera presidenta del país defienda que el hecho de que el INAI desaparezca no significa el fin de la transparencia en el país, sí la pone en riesgo porque el plan del gobierno morenista es que la actual Secretaría de la Función Pública se transforme en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Es decir, la transparencia y el combate a la corrupción quedaría en manos del mismo gobierno con personajes afines a la cabeza y, con ello, se antoja imposible que se garantice el pleno derecho a la transparencia en el país.

O usted cree, en su sano juicio, que el gobierno morenista dará a conocer sus actos de probable corrupción y ellos mismos se sancionarán. La verdad yo no.

“Comisionado Tiktoker”

No vayamos tan lejos, el mejor ejemplo de lo anteriormente expuesto está en el comisionado tlaxcalteca Arturo De Casa Vega, quien sin pudor alguno muestra sus simpatías y amor político en favor del morenismo.

El ya conocido al interior del IAIP como “comisionado Tiktoker” no pierde ninguna oportunidad de fotografiarse con liderazgos del partido en el gobierno, como ocurrió el 28 de septiembre durante el tercer aniversario del triunfo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el pasado sábado 12 de octubre en la visita a Tlaxcala de la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján y del secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán.

En su perfil de Facebook se observa al comisionado no sólo portar gorra y los colores de Morena, sino también lanzar porras y presumir fotografías con la mandataria tlaxcalteca, el alcalde capitalino Alfonso Sánchez y con la estructura de la exdiputada Marcela González.

Si bien es sabido en los corrillos del Congreso del Estado que la designación de Arturo De Casa se debió a un compromiso político, el actuar del servidor público “autónomo” termina por comprobarlo.

Por si lo olvida, el Artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, establece que para fungir con su cargo debe ceñirse a los siguientes principios: certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.

Ahora bien, el comisionado seguramente alegará que estaba en su día de descanso, o bien, que tiene a salvo sus derechos políticos, pero eso sólo aplica para los representantes populares, quienes arriban a sus responsabilidades cobijados por un partido político y respaldados con el voto popular; en tanto, en el caso de los comisionados del IAIP se supone que sus actuaciones deben ser ajenas a los intereses de las partes en controversia y su actuar no deberá supeditarse a interés, autoridad o personal alguna.

A eso hay que agregar que apenas se inventó un podcast para entrevistar a sus “amigos” alcaldes con el pretexto de promover la transparencia, actividad que no está enmarcada en el plan de trabajo del organismo, pero sí utiliza la imagen institucional.

Aquí la pregunta es, ¿qué hará Arturo De Casa cuando le llegue una solicitud de información o recursos de revisión contra gobiernos morenistas, como por ejemplo el capitalino o el de Chiautempan?

Ya lo dijo el hoy expresidente que se fue a su destino natural allá en Palenque, Chiapas: puede que la conducta del comisionado “Tiktoker” sea legal, pero es inmoral.

RETAL

Paso a paso, el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García afianza su liderazgo y, de no ocurrir nada extraordinario, la mañana de este miércoles asumirá la presidencia de la Asociación de Autoridades Municipales de Tlaxcala, con el respaldo de más de la mitad de munícipes de la entidad y cuya mesa directiva estará integrada de manera equilibrada por autoridades del norte, sur, oriente y poniente de la entidad.

Aunque existan voces que pretenden minimizar su liderazgo, resalta que antes del evento del pasado sábado en el Centro de Convenciones, Alfonso Sánchez García sostuvo un encuentro privado con la lideresa morenista Luisa María Alcalde en las oficinas del hotel-restaurante “Xiadani”, espacio que ha servido de búnker de las estructuras lorenistas.

Preparémonos para el jaloneo, acuerdos y deslealtades en el que se convertirá el proceso sucesorio de 2027. Al tiempo.