Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: una cosa es lo legal y otra -muy distinta- lo inmoral.

O como rezaba aquel eslogan durante el sexenio del exgobernador tlaxcalteca Alfonso Sánchez Anaya: “lo dicen ellos, no nosotros”.

Lo legal fue la revocación del triunfo de Ana Bertha Mastranzo Corona en el Distrito 15 para determinarlo en favor de Guillermo Hueyotlipan Barrón, al ser anulada la votación recibida en dos casillas.

Con el tiempo encima para resolver los medios de impugnación presentados en contra de los resultados de la elección de diputados locales, el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) revocó el triunfo de la candidata de Morena y, por unanimidad de votos, lo cedió al abanderado de Movimiento Ciudadano.

El proyecto que presentó el magistrado Lino Noé Montiel Sosa argumenta que en la casilla 363 contigua 5 recibió la votación una persona sin estar facultada por la ley, al no corresponder a esa sección electoral.

En tanto, en la casilla 363 contigua 6, el número de las boletas computadas es mayor al número de las boletas asignadas para dicha elección, al tener un excedente de 14 boletas, por lo que “lo precedente es anular la elección en dichas casillas”.

Con esto, los magistrados del TET también revocaron la distribución de fecha 9 de junio de las diputaciones por el principio de representación proporcional (las ‘pluris’ para rápido) y ordenaron al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) hacer una nueva asignación por partido político.

CAPRICHOSA

Más allá de lo legal, lo inmoral en todo este entramado político es notorio porque se habla de que existió una operación desde la Secretaría de Gobierno (Segob) para tratar de cumplir el capricho de que la diputada Marcela González Castillo logre la reelección, la cual en primera instancia se le fue de las manos ante el voto masivo a favor de Morena y aliados en los 15 distritos.

No se lo digan a nadie porque es ultra secreto, pero se sabe que el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández movió sus influencias con el presidente del TET, Miguel Nava Xochitiotzi, para buscar por todos los medios y formas posibles cambiar los resultados en el Distrito 15.

En los pasillos del TET se dice que el favor que el titular de la Segob le cobró al cuestionado magistrado Miguel Nava tiene que ver con los más de 10 automóviles tipo Versa que recibió por parte del Poder Ejecutivo, además de los tres millones de pesos extras que obtuvo en su presupuesto para el presente ejercicio fiscal.

Empero, tanto a Luis Ramírez y al presidente del TET se les olvida que, en esa afrenta, se llevan de por medio no sólo la constitucionalidad de la entidad tlaxcalteca, sino la democracia entera.

Es cierto, en una elección se gana por uno, por 100 o por mil o más votos y si Ana Bertha Mastranzo triunfó con un margen de 11 sufragios de diferencia, tiene todo el Derecho de defenderse.

Pero también es cierto que Guillermo Hueyotlipan puede recurrir ante las instancias legales para inconformarse respecto de los resultados.

Lo interesante aquí será la reacción de la morenista Ana Bertha Mastranzo para saber si impugnará dignamente la decisión del TET o se doblegará ante los designios de quien detenta el poder en Tlaxcala para así cumplirle el capricho a Marcela González.

Según el partido Morena, defenderá la voluntad popular mostrada en el Distrito 15 ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero habrá que ver si Ana Bertha Mastranzo acepta la ayuda de su equipo jurídico, que encabeza Dagoberto Flores, pues esos abogados son los mismos que promueven que González Castillo entre como ‘pluri’.

Si bien las decisiones de los órganos electorales locales siempre serán controvertidas, por el bien de la democracia tlaxcalteca es loable que la decisión del TET (con todo y su cuestionada integración) sea impugnada y el otrora “Trife” entre a fondo en el estudio y emita una certera decisión.

De hecho, no es necesario que Mastranzo Corona impugne tras ser notificada, basta con que un partido político de oposición o un ciudadano le entere a la Sala Regional de un probable acto ilegal de una autoridad electoral local para que investigue de oficio, al tratarse de un asunto de interés público.

Lo único cierto es que a esta novela le restan muchos más capítulos a casi un mes de que rindan protesta los próximos legisladores.

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