Ya lo dijo la filosofía popular: “la verdad es como el sol: no se puede ocultar”. O mejor dicho: “la mentira tiene las patas muy cortas” y tarde o temprano saldrá a la luz.

El segundo semestre de 2024 se ha caracterizado por un sinnúmero de hechos que -por un momento- pareciera ocurrieron en estados del país considerados como los más peligrosos, pero no, no sucedieron en entidades sumidas en la marcada violencia, sino aquí en Tlaxcala.

Y aunque la narrativa oficial insista en que vivimos en el estado más seguro, lo cual es confirmado con cifras oficiales, lo único seguro es que la violencia generalizada en la mayoría del territorio mexicano ya nos alcanzó.

Es cierto, en el estado más pequeño en territorio del país no tenemos los 15, 20 o hasta 25 homicidios dolosos en tan sólo un fin de semana, lo cual por supuesto tampoco deseamos, pero así sea un sólo caso el que ocurra, provoca conmoción y zozobra entre la sociedad tlaxcalteca.

Lo que sucede en la comunidad de Atotonilco, Ixtacuixtla, tras el ataque armado del pasado sábado en contra de un reconocido habitante y su hijo, es inédito.

¿O usted recuerda que alguna vez padres de familia convocaran a no llevar a sus hijos durante toda una semana a la escuela por temor a enfrentamientos entre grupos armados?

Es la primera ocasión que medios de comunicación locales registran un suceso como el de Atotonilco, de los que anteriormente sólo nos enterábamos por las noticias nacionales.

Ya no es Guerrero, tampoco Guanajuato, ni mucho menos Jalisco, Estado de México o Michoacán, el temor poco a poco ha llegado a los municipios de Tlaxcala.

Ese mismo sábado nueve de noviembre, un sujeto conocido con el alias de “El Lobo”, fue ejecutado en pleno estacionamiento de la plaza comercial “La Ciénega”, en Apizaco, al abordar su lujosa camioneta. A la par, comensales y empleados de un restaurante de mariscos ubicado en la capital fueron asaltados.

Y si nos vamos más atrás, tenemos el caso de los constantes cuerpos hallados en municipios del sur, los calcinados a bordo de vehículos Tetla y San Pablo del Monte, el asesinato de un profesor y líder sindical en Apizaco, la desaparición y posterior localización sin vida de jóvenes, como ocurrió con Randy N.; el feminicidio de Fernanda N., ocurrido en Totolac, entre otros casos como el homicidio de Rubén N. a manos de su padre y el de Diana N. en Zacatelco por parte de su hermano.

Eso, sin olvidar la ejecución de una familia en Huamantla; el “levantón” del constructor en Chiautempan y hallado sin vida en Puebla; el ataque a elementos de la Policía de Investigación en Xaloztoc y la muerte del empresario gasolinero en Apetatitlán, por sólo mencionar unos casos.

Volviendo a Atotonilco, también es inédito que la Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal custodien hasta hoy un hospital público por tener a un paciente internado, ante el riesgo de que sea “rematado”.

En los gobiernos federal y estatal que pregonan el “no mentir…”, resulta necesario asumir las condiciones de inseguridad tal y como se viven para hacerles frente, pues la narrativa de que somos el estado más seguro ya no alcanza para tener tranquila a la sociedad.

Es cierto que la entidad cuenta con políticas públicas y acciones preventivas para combatir la violencia, sin embargo, esas políticas son ineficaces cuando no se aplican correctamente.

La inseguridad es un problema estructural y las soluciones requieren un enfoque integral que involucren a todos, sociedad y gobierno, más allá de la indignación momentánea.

La pregunta aquí es: ¿estamos a tiempo?

EXTINGUIDOS

Si de devolverle al pueblo lo robado se trata, los funcionarios de ese organismo que durante un año y nueve meses cobraron, deberían regresar sus quincenas al erario.

La aprobación del Congreso del Estado de extinguir esa dependencia, a iniciativa de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, para dar paso a la creación de la Secretaría de la Mujer, fue una atinada decisión porque no sólo se admite que fue un error crearla en el afán de no llevarle la contraria al otrora mandamás del país, Andrés Manuel López Obrador, sino porque que en los hechos tuvo paupérrimos resultados.

Aún así, contaba con 38 funcionarios en la nómina, sobre los 19 con los que opera el Instituto Estatal de la Mujer.

Empero, antes de su extinción el 31 de diciembre próximo, el todavía director general del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, Miguel Sánchez Ramírez, percibirá al final del año algo así como 1 millón 87 mil 366 pesos por concepto de sueldo, sumado a incentivo al ahorro, compensación, despensa, seguro de vida, prima vacacional, gratificación anual, gastos médicos y bono anual. ¿Y los resultados?

RETAL

Es cuestión de días para que Enrique Padilla Sánchez asuma la dirigencia estatal del PRI.

La sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del pasado sábado así lo confirmó, al avalar que sea través del método de elección de consejeras y consejeros políticos que se renueve el Comité Directivo Estatal.

Ya veremos si el sobrino consentido de la exgobernadora Beatriz Paredes en verdad sabe hacer política, pues en los seis sexenios que tiene “nadando de a muertito”, jamás le había tocado un panorama por demás adverso, sin dejar de lado que la elección de 2027 será crucial para el tricolor que, en los hechos, por primera vez en la historia se quedó sin representación en el Congreso del Estado y sus bonos han ido a menos.