Pensar en un mejor futuro para Tlaxcala requiere construir buenos cimientos en la vida de quienes más adelante tendrán en sus manos su conducción, y esto solo es posible con la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA).
La profesionalización de las administraciones públicas en los tres niveles de gobierno no es solo una exigencia de la ley o de la población, es uno de los elementos clave para asegurar esa obligación consagrada tanto en el artículo 1° de la Constitución federal como en los tratados internacionales que México ha firmado.
La creación de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como política pública para llegar a todas las infancias y adolescencias cuyos derechos han sido vulnerados es el mejor ejemplo sobre lo importante que es contar con un equipo multidisciplinario, profesional y especializado que brinde acompañamiento psicológico, jurídico y de trabajo social.
Contar con profesionales en psicología permite contener a las y los infantes que han resultado afectados en alguno de los ámbitos de su vida; quien brinda la asesoría jurídica es capaz de diagnosticar el nivel de vulneración de derechos; mientras que los profesionales en trabajo social identifican cómo el entorno ha impactado el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
De ahí que su designación no sea cosa menor, los alcaldes y alcaldesas que asumieron el cargo el pasado 31 de agosto tienen en sus manos la posibilidad de brindar mejores condiciones de vida a uno de los sectores que menos se visibiliza en las agendas públicas, a pesar de que en el discurso hablemos de ellas y ellos como el futuro de nuestra sociedad.
Ésta es una responsabilidad que tendrán los 60 ayuntamientos recientemente renovados porque las Procuradurías de Protección a su cargo tienen la misión de coordinar directamente tanto con autoridades administrativas como jurisdiccionales a fin de brindar acompañamiento integral a las infancias y adolescencias de Tlaxcala.
Este modelo de atención tiene un alcance que ya ha mostrado su eficacia y eficiencia en la atención de casos desde la puesta en marcha de estas instancias en abril de 2022 como estrategia del Gobierno del Estado, y más aún el reconocimiento legal que les otorgó el Decreto 115 que aprobó el Congreso del Estado para hacer posible que las Procuradurías brinden una representación coadyuvante; es decir, que acompañen en procedimientos jurídicos o administrativos que involucren a NNA.
Ejemplo de ello es que, en 2021, el Sistema Estatal para del Desarrollo Integran de la Familia (SEDIF), que concentraba la totalidad de la representación, apenas podía atender a 11.3 por ciento de la población vulnerada en el ámbito administrativo; mientras que, en 2023, las Procuradurías de Protección brindaron 11 mil 093 intervenciones, que significan 76.35 por ciento de los 14 mil 500 menores que la UNICEF estima con un grado de vulneración en el estado.
Por lo que respecta a los seis mil 445 expedientes judiciales asociados a este sector de la población en 2023, la representación coadyuvante implementada por las Procuradurías Municipales permitió atender a 30 por ciento de los casos y, con el apoyo de las nuevas administraciones municipales, se prevé que en dos años la cobertura sea total. De esta manera, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los municipios a través de sus procuradurías hacen efectiva la protección de derechos humanos, así como su restitución.
“La infancia es destino”, dice Santiago Ramírez, de modo que la participación de las y los 60 titulares de las presidencias municipales con el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Gobierno de Tlaxcala es muestra del interés por proteger y generar bienestar para este sector de la población que no vota, pero que es igual de digno de ser atendido por el Estado y, al hacerlo, sentamos las bases de un mejor futuro para quienes son los herederos de la sociedad.
Magistrado Titular de la Tercera Ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado