El 2 de octubre de 1968, la Plaza de Tlatelolco se convirtió en un símbolo del movimiento estudiantil en México, pero también en un recordatorio doloroso de la represión del régimen hegemónico contra los estudiantes universitarios mexicanos. Durante su primera conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó la firma de un decreto con relación a la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968.
La presidenta de México firmó el decreto que reconoce oficialmente los actos de violencia perpetrados en esa fecha como crímenes de lesa humanidad. Este acto, además de tener trascendencia histórica, tiene profundas implicaciones en el presente y futuro del país.
La matanza de Tlatelolco no fue un evento aislado, sino parte de una política represiva que se extendió desde la década de 1960 hasta los años 80. La represión de movimientos sociales y políticos dejó huellas profundas en la sociedad mexicana, creando un ambiente de miedo y desconfianza hacia el gobierno. La declaración de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, no sólo busca reparar un daño histórico, sino también honrar la memoria de quienes lucharon en el movimiento estudiantil.
El decreto no se limita a un reconocimiento simbólico; es un paso fundamental para la reconciliación nacional. Admitir que estos actos fueron crímenes de lesa humanidad implica aceptar que el Estado tiene una deuda con las víctimas y sus familias. Además, la instrucción de ofrecer una disculpa pública es esencial para la memoria colectiva.
Al asumir la responsabilidad por la represión del pasado, se envía un mensaje contundente: la historia no se repetirá. La promesa de garantizar la no represión de la sociedad, así como la instrucción a las fuerzas armadas de no reprimir al pueblo mexicano, es un compromiso histórico que muestra la comunión del gobierno con la libertad de expresión y de libre pensamiento.
La preservación de la memoria histórica es clave para evitar que se olvide el sacrificio de aquellos que lucharon por un México más justo. La creación de actos subsecuentes que impulsen la justicia y la verdad es fundamental para honrar a las víctimas y asegurar que sus voces no se silencien. Es un recordatorio de que la lucha por la justicia social y la libertad de expresión nunca debe darse por sentada.
El decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa un paso significativo hacia la reconciliación y la justicia social en México. La historia de Tlatelolco no debe olvidarse, y el reconocimiento del pasado es un primer paso vital hacia un futuro más justo. No podemos olvidar que nuestra presidenta también participó en diversos movimientos estudiantiles, que fue una joven de lucha en favor de la democracia y con una clara y contundente visión social sobre la educación. Ella misma se opuso a los primeros intentos por privatizar la educación superior en México y fue una mujer que salía a las calles para expresar sus inconformidades.
No se trata de una simulación o de ficción, es un llamado a la justicia, a una nueva interpretación histórica y de reivindicación de las juventudes de México. El adjetivo de “ninis” fue generado en el viejo régimen con el propósito de descalificar y negar el carácter revolucionario de las juventudes mexicanas. Hoy sabemos que nuestra presidenta ha hecho suya esta lucha, en la que se reconoce el papel histórico de los jóvenes de México. No debemos soslayar o minimizar este decreto, es indispensable darle la dimensión que merece y sumarnos a este acto de justicia en la memoria del pueblo de México.
Ahora, los historiadores no tendrán que recurrir a hipótesis o llamados “políticamente correctos” sobre el papel represor del gobierno en 1968, existe un reconocimiento expreso y con alcances jurídicos sobre este tema, y eso debe llamarnos a no claudicar en la lucha por la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
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