El pasado 5 de febrero en el marco de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Querétaro, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de reformas constitucionales, con el objetivo de avanzar en el proceso de consolidar las bases del Estado de Bienestar en México.
La reforma al Poder Judicial generó mucho ruido, oposición y de forma sistemática una serie de descalificaciones por parte de los intelectuales del derecho y funcionarios del Poder Judicial de la Federación y los estatales. Sin embargo, la propuesta de reforma fue tomando otro nivel de debate ante los arrolladores resultados de la elección del pasado 2 de junio en favor de Morena.
La oposición trató de calificar a los futuros diputados federales y senadores de Morena de actuar como una “mayoría hegemónica”; sin embargo, se trató de otra estrategia fallida, porque Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, propuso debatir y socializar este tema abriéndolo a la ciudadanía y de convocar a todos los sectores de la sociedad a opinar sobre el proyecto de reforma al Poder Judicial en México.
Esta propuesta desarticuló el discurso falaz de la oposición. Ahora, este proceso de discusión pública es una realidad y están surgiendo propuestas que robustecen el documento de reforma al Poder Judicial.
El pasado 27 de junio dieron inicio los “Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial” y de este ejercicio democrático han surgido propuestas que muestran la intención de fortalecer este proyecto y ya no de obstruirlo o descalificarlo.
En el proceso de inauguración de estos foros, la mampara central exhibía dos preguntas trascendentales ¿qué Poder Judicial tenemos? y ¿qué Poder Judicial queremos? Y en el análisis coyuntural sobre el Poder Judicial existió coincidencia en reconocer que la justicia en México es elitista, cara, excluyente, discriminatoria, clasista, racista, misógina, corrupta y lejana al pueblo. Se trata de un poder que usó como pretexto los tecnicismos de la ley, la necesaria especialización en el derecho y el deber institucional de solo responder a la ley. Pero al final, reconocieron que eso no justifica la construcción de un muro construido por el lujo, los salarios ostentosos, las prerrogativas excesivas y los funcionarios inalcanzables.
La justicia en México debe ser accesible, entendible, democrática, ágil, oportuna, sensible y sin duda, apegada a derecho. Es necesario decir que existe un punto de coincidencia y contribución por parte de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra Yasmín Esquivel Mossa aceptaron que sea el pueblo quien vote y elija a los ministros, magistrados y jueces y, propusieron que sea un proceso escalonado, como sucede en varios organismos autónomos, en donde el proceso de renovación de los integrantes de sus órganos de gobierno es gradual. Ante esta postura el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó: “No me opongo, yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección, porque el pueblo tiene un instinto certero, es sabio, prefiero que sea el pueblo a que sean las cúpulas las que decidan”.
Este punto de coincidencia confirma la voluntad democrática del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena, el compromiso de Claudia Sheinbaum Pardo para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y nos dice que la próxima legislatura federal no actuará como una “mayoría hegemónica”.
En este ejercicio de Parlamento Abierto tenemos la certeza de que la reforma al Poder Judicial ¡Va!
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