A medida que la Reforma Judicial avanza, nos encontramos ante un momento crucial en la historia de nuestro sistema judicial. La reciente declinación de 333 jueces, 487 magistrados y ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para participar en las elecciones judiciales se traduce en un hecho importante que pone de relieve la situación que vive el sistema judicial. De mil 683 juzgadores activos en el país, casi la mitad, un 49.14 %, ha decidido no participar en este proceso.

La Reforma Judicial, que busca modernizar y hacer más eficiente nuestro sistema de justicia, fue aprobada en un contexto de creciente insatisfacción con el desempeño de los órganos judiciales. La implementación de un proceso electoral para la elección de jueces y magistrados por voto popular es un paso significativo hacia la democratización del Poder Judicial. Es fundamental reconocer que la independencia del Poder Judicial es uno de los pilares de la democracia. Sin ella, corremos el riesgo de erosionar la confianza pública en las instituciones y en el propio Estado de derecho.

Con el inicio de los trabajos del Comité de Evaluación de las candidaturas judiciales, es imperativo que se establezcan mecanismos que aseguren la transparencia y la imparcialidad del proceso de selección. La convocatoria para el registro de candidatos, que da inicio a partir del 5 de noviembre del presente año, está acompañada de garantías que aseguran que el proceso de evaluación y selección se llevará a cabo de manera justa y equitativa.

Es importante que los criterios de selección sean claros y que se priorice la idoneidad y la capacidad de los candidatos. La inclusión de la paridad de género en la selección también debe ser un aspecto fundamental, asegurando que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de participar en el proceso.

La elección de 881 cargos en el Poder Judicial es una oportunidad histórica para redefinir nuestro sistema de justicia. Sin embargo, este proceso no puede ser visto únicamente como una formalidad. Debemos comprender que la calidad de los jueces y magistrados elegidos impactará directamente en la confianza ciudadana y en el funcionamiento del Estado.

El compromiso del actual gobierno, y de los legisladores nacionales y locales, es trabajar por un Poder Judicial que actúe con independencia, imparcialidad y justicia. Esto implica no solo una reforma legislativa, sino un cambio cultural que valore y respete la función de los juzgadores como garantes de derechos y libertades.

Es deber de los legisladores y representantes del pueblo, asegurar que la elección de nuestros juzgadores no solo sea un proceso administrativo, sino un acto que refleje los valores democráticos y la justicia social por la que hemos luchado. La participación ciudadana en la elección de jueces es un paso hacia la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema judicial. Es en este sentido que la esencia de la cuarta transformación se encuentra plasmada en esta reforma, ya que busca el constante empoderamiento del pueblo para beneficio de este.

En este camino hacia la reconstrucción de nuestro sistema judicial, debemos recordar que la democracia no se limita a la elección de representantes, sino que también implica garantizar que nuestras instituciones funcionen con integridad y que la justicia prevalezca. La oportunidad está ante nosotros, y debemos aprovecharla con responsabilidad y determinación.