El reciente cierre del registro para aspirantes a jueces, magistrados y ministros marca un hito histórico en el camino hacia la democratización del poder judicial en México. Con más de 34 mil registros provenientes de los comités del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, este proceso refleja la apuesta de la Cuarta Transformación (4T) por abrir espacios de participación ciudadana en las instituciones que tradicionalmente han sido percibidas como inaccesibles para la mayoría.
La reforma judicial presentada el 5 de febrero de 2024 por Andrés Manuel López Obrador e impulsada a través del liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo garantiza un proceso transparente, sino que también simboliza un cambio profundo en la estructura de poder. En palabras de la mandataria, esta convocatoria fue “un éxito inédito e histórico”, y los números lo respaldan. Más de 18 mil personas se inscribieron solo desde el Poder Ejecutivo, mientras que el Legislativo recibió cerca de 12 mil solicitudes y el Judicial más de 3 mil. Estas cifras son un reflejo de una ciudadanía cada vez más involucrada en los procesos democráticos del país.
Es importante destacar que este mecanismo, que culminará en elecciones el próximo 1 de junio de 2025, representa un modelo sin precedentes. Por primera vez, los jueces y magistrados serán elegidos a través de un proceso en el que participan los tres poderes de la nación. Este enfoque multidimensional no solo distribuye responsabilidades, sino que refuerza la legitimidad de los seleccionados, rompiendo con prácticas que favorecían la opacidad y el amiguismo.
En la narrativa mediática, las voces críticas han intentado desacreditar este esfuerzo, señalando posibles inconsistencias en el registro. Sin embargo, estas observaciones carecen de fundamentos sólidos frente al evidente avance democrático. Los errores en poco más de 1,300 registros son marginales en un universo de decenas de miles, y se están revisando con rigor. Este nivel de compromiso y apertura era impensable en administraciones pasadas.
La Cuarta Transformación ha demostrado, una vez más, que está comprometida con la inclusión y la justicia social. La reforma judicial no es solo un cambio estructural; es una reivindicación histórica para las y los mexicanos que han clamado por un sistema judicial más representativo y accesible. Cada aspirante registrado simboliza una oportunidad para transformar la percepción y la realidad del Poder Judicial en nuestro país.
En este proceso, los críticos de la 4T podrían intentar minimizar el impacto de estas reformas, pero los hechos hablan por sí mismos. La democratización no es una utopía: es una realidad que está siendo construida, paso a paso, con acciones concretas. El nuevo sistema de selección es una prueba contundente de que el cambio es posible cuando hay voluntad política y compromiso con el pueblo.
El camino hacia un México más justo y democrático es largo, pero la reforma judicial es un ejemplo de que las promesas de la 4T no solo son palabras, sino acciones concretas que transforman la vida pública del país. Hoy más que nunca, debemos celebrar este avance como un triunfo de todas y todos los mexicanos.
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