La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala cerró su ciclo. Como es sabido, a partir del 01 de agosto de este año, la dependencia del Poder Ejecutivo dio paso a un órgano autónomo: la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), marcando así el inicio de una transformación sustancial de la procuración de justicia en la entidad.
Sin embargo, el balance de resultados de la extinta institución, a partir del inicio de la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ya indicaba una mejora en la actuación del Ministerio Público en beneficio de la sociedad tlaxcalteca.
Por ejemplo, de septiembre de 2021 a julio de 2024, la PGJE obtuvo 38 sentencias condenatorias por el delito de violación, mientras que, entre 2018 y 2020, solamente se registraron cinco. De igual forma, logró un total de 29 sentencias por homicidio doloso, mientras que en los tres años previos no se obtuvo ni una; y alcanzó 20 sentencias por secuestro, contra apenas una del trienio inmediato anterior.
El aumento de la productividad de la PGJE se hizo evidente también en otras de sus áreas de actuación. En el caso de la Policía de Investigación, ésta cumplimentó 29 mil 617 investigaciones, recuperó 492 vehículos, ejecutó 28 órdenes de cateo, realizó 540 órdenes de aprehensión y reaprehensión, y acudió a dos mil 428 auxilios; y a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (MASC), posibilitó la recuperación de 127.4 millones de pesos a favor de las víctimas por reparación del daño.
En prácticamente tres años, la dependencia propició la capacitación de un total de mil 616 servidores públicos, que incluyeron Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación, a través de la Unidad de Desarrollo Profesional y de Servicio Civil de Carrera; y de enero de 2023 a junio de 2024, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) brindó 18 mil 861 servicios por primera vez, realizó 923 canalizaciones, otorgó mil 834 solicitudes de órdenes de protección y llevó a cabo mil 598 acompañamientos.
Sin duda, la actuación de la PGJE en el desarrollo de la estrategia estatal de seguridad pública favoreció que Tlaxcala se mantuviera durante 23 meses como el estado con la menor incidencia delictiva en el país, y ahora, con su transición a Fiscalía, su papel será fundamental para fortalecer el Estado de Derecho.
En ese sentido, resulta relevante que la gobernadora del estado haya declarado que ella es la principal interesada en que la nueva FGJE sea verdaderamente fortalecida y garantice grandes avances en la función de investigación de los delitos y su esclarecimiento, ya que esto habla de su interés de que las instituciones sirvan con eficacia a la sociedad, y de que estrategias gubernamentales, como de la seguridad, sean exitosas a partir de las capacidades de las propias instituciones.
Ciertamente, prevalece la demanda ciudadana de una procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla, buscando que los delitos no queden impunes y los culpables sean castigados. No obstante, hay condiciones que prometen el cumplimiento gradual de dicha expectativa.
La titular del Poder Ejecutivo anticipó que, en lo que resta de este año, se destinarán 75 millones de pesos al fortalecimiento de la Fiscalía, lo que, por supuesto, le permitirá avanzar en su proceso de transición. Como bien lo manifestó, este proceso será importante para asegurar la adecuada conversión de la extinta PGJE en un ente con autonomía que ya no dependerá del Ejecutivo estatal.
La transición será, pues, un hecho histórico, después de años de rezago en materia de procuración de justicia en la entidad, tras la implementación del llamado nuevo sistema penal acusatorio. No hay que olvidar que, como lo señaló el propio Congreso local, de las 32 entidades federativas, en 30 de ellas se habían establecido Fiscalías locales, siendo dos estados, Baja California Sur y Tlaxcala, los que seguían en falta.
Superada esta omisión, con la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, resta ahora que la transición, que será paulatina, se lleve a cabo como lo establece la reforma constitucional por la que se creó la FGJE, para marcar una diferencia de la credibilidad que la sociedad tenga respecto a la naciente institución.
