Además de un andamiaje normativo e institucional adecuados, la fiscalización eficaz de los recursos públicos requiere del compromiso y la integridad de quienes integran los distintos entes fiscalizadores. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene como encomienda fiscalizar los recursos públicos de origen federal, que se hayan transferido a las entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México, fideicomisos y fondos; como las participaciones, asimismo la deuda pública de estos órdenes de Gobierno.

En suma, la labor de la ASF es la de vigilar con detalle legal el ejercicio del gasto público de origen federal. Lo anterior no solo implica la profesionalización y especialización de los servidores públicos, sino que también requiere fijar los más altos estándares en cuanto a la integridad de su labor técnica y profesional.

En épocas de relativismo generalizado, hablar de integridad pública es desafiante, pero no debemos ceder a la confusión ni a la disminución de los principios éticos, a veces expresada mediante indiferencia moral o subjetividad acrítica. Pero que no haya duda, la ética y la integridad son, ambas, indispensables para el buen funcionamiento del acuerdo social que da armonía y permite el desarrollo de las colectividades.

La falta de ética sistemática tiene consecuencias de todo tipo, más allá de las conductas individuales. De hecho, en muchas de las crisis económicas mundiales más emblemáticas (desde la gran crisis de 1929 hasta la gran recesión inmobiliaria de 2008, pasando por la burbuja de las dot.com), lo que encontramos en el fondo es la sustitución de una ética empresarial por una moralidad (o inmoralidad) especulativa, el uso de reglas y lagunas del sistema económico con la maximización del beneficio económico a corto plazo, lo que ha terminado por dañar severamente al sistema completo.

La ASF reconoce a la integridad como el valor central de su Código de Ética y uno de los pilares de la fiscalización superior, siendo que es un elemento que ayuda a construir la confianza ciudadana en el trabajo desarrollado por las EFS. Con la integridad se busca fortalecer a una institución con personas que actúen de manera responsable, honesta y profesional. Se requieren personas que internalicen las normas éticas y las cumplan de manera libre y consciente, porque, como los teóricos del derecho han subrayado a lo largo de la historia, ninguna norma puede depender, para su cumplimiento, de la mera amenaza de sanción, o está condenada a ser letra muerta.

A nivel internacional, la INTOSAI también da alta relevancia a la integridad pública a través de la norma ISSAI 30, que señala que los códigos de ética para las EFS son un estándar internacional que ayuda a orientar a las EFS en su trabajo y genera confianza ciudadana respecto al trabajo realizado.

En el mismo sentido, en América Latina, esto es la OLACEFS y la OCCEFS han impulsado los “Talleres de Autoevaluación de Integridad”, con el propósito de tener diagnósticos precisos sobre el tema en cada EFS.

A nivel interno, la política de integridad de la ASF ha tomado como base tanto los estándares de la normativa nacional desde la Constitución hasta las Leyes Generales, como las mejores prácticas internacionales en materia de integridad, fiscalización y auditoría gubernamental. Con ello hemos impulsado acciones como el establecimiento de valores institucionales, la integración de un comité de integridad y una estrategia permanente de capacitación y difusión para que se internalicen en todos los funcionarios los valores de la integridad pública, uno de los pilares de la confianza ciudadana en las instituciones y en la democracia.

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