Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, una fecha que nos invita a reflexionar sobre una de las más terribles formas de violación a los derechos humanos que persiste en el mundo actual. Esta jornada no solo busca visibilizar el sufrimiento de millones de personas que son víctimas de estas prácticas, sino también llamar a la acción para erradicar el tráfico y la explotación sexual, fenómenos que afectan de manera desproporcionada a mujeres y menores de edad.
A nivel mundial, la explotación sexual y el tráfico de personas constituyen una de las actividades criminales más lucrativas, después del tráfico de drogas y armas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que más de 6.3 millones de personas en todo el mundo son víctimas de explotación sexual forzada, una cifra alarmante que sigue en aumento.
En México, la situación es particularmente preocupante. El país es uno de los principales corredores para el tráfico de personas en América Latina, tanto como país de origen, tránsito y destino. Las mujeres, niñas y niños, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad económica y social, son los más afectados. La pobreza, la desigualdad de género, la falta de oportunidades y el control de grupos delictivos son algunos de los factores que perpetúan esta tragedia.
Uno de los principales problemas que permiten la continuidad de la explotación sexual y el tráfico de personas es la impunidad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los grupos delictivos dedicados a este crimen logran operar en un entorno de escasa persecución y castigo. Además, la corrupción en ciertos niveles de las fuerzas del orden y las debilidades del sistema judicial dificultan la protección efectiva de las víctimas y el castigo a los responsables.
La tecnología también ha jugado un papel crucial en el crecimiento de estos delitos. El internet y las redes sociales han sido utilizados por criminales para atraer, manipular y explotar a sus víctimas. En muchos casos, los traficantes prometen empleo, relaciones afectivas o incluso protección a personas en situación de vulnerabilidad, solo para luego someterlas a explotación sexual.
La explotación sexual y el tráfico de personas no pueden entenderse sin abordar la cuestión de la violencia de género. Las mujeres y niñas representan la mayoría de las víctimas, y esta violencia está estrechamente vinculada a la discriminación, la cosificación y la falta de poder que históricamente han enfrentado. Los estereotipos de género y la normalización de la violencia sexual son factores que permiten que este fenómeno persista, y que las víctimas sean vistas no como personas que necesitan ser rescatadas, sino como mercancías para ser compradas y vendidas. Erradicar la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños requiere un enfoque integral que involucre a todos los sectores de la sociedad. Las políticas públicas deben enfocarse en la prevención, la protección de las víctimas y la persecución de los traficantes. Esto incluye fortalecer los marcos legales, mejorar la cooperación internacional para desmantelar las redes criminales y garantizar que las víctimas reciban el apoyo que necesitan para recuperarse y reintegrarse en la sociedad.
En este sentido, la educación juega un rol crucial. Debemos educar a las personas, desde temprana edad, sobre los peligros del tráfico de personas y la explotación sexual, así como sobre la importancia de la igualdad de género y el respeto mutuo. Es necesario cambiar las narrativas que perpetúan la objetificación de las mujeres y normalizan la violencia sexual.
Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad importante. Deben abordar estos temas con una perspectiva de derechos humanos, evitando la revictimización de las personas afectadas y promoviendo una mayor concienciación sobre el problema.
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños nos recuerda la urgencia de actuar contra una de las formas más atroces de violencia en el mundo. En México, donde el problema está profundamente enraizado en factores estructurales como la pobreza y la desigualdad de género, la tarea es aún más desafiante. Sin embargo, la lucha por erradicar este flagelo debe ser una prioridad para el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto. Solo a través de una acción conjunta y decidida podremos garantizar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, vivan libres de explotación y violencia.
