La necesidad de conocer con exactitud el paradero de los 43 estudiantes normalistas se arraigó más, no sólo en la necesidad de cada una de las víctimas directas e indirectas, madres, padres y familiares, sino también en la conciencia social, ya que la verdad de lo ocurrido en la noche de los hechos es, y sigue siendo, el objeto de investigación primario, la llamada "verdad histórica" fue objetada y rechazada tanto por instituciones nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de la recomendación 15VG/2018 y el amparo indirecto en revisión 205/2017, así como internacionales, el informe denominado "Doble injusticia", de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el I y II informe del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por lo anterior, la CIDH y la ONU-DH consideran que a siete años de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es fundamental continuar priorizando la búsqueda de los estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, así como esclarecer los hechos de manera pronta y efectiva, pues la apertura al escrutinio internacional sienta precedentes positivos para la investigación de los casos de desaparición en México, ya que es de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido, pues resulta prioritario determinar el paradero de los estudiantes; cumplir con las consignaciones y órdenes de aprehensión y extradición pendientes; impedir filtraciones de información sobre el caso; garantizar la seguridad de víctimas y testigos; y sancionar al funcionariado público que obstaculizó la justicia y cometió violaciones a los derechos humanos durante la investigación.
A partir del trabajo articulado de las autoridades, con la participación de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, hoy se conoce nueva información sobre el contexto y la dimensión del ataque ocurrido y las múltiples violaciones a derechos humanos que resultaron de ello, si bien, se han logrado avances de investigación relevantes como la identificación de dos estudiantes, se están investigando actos de tortura y malos tratos cometidos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables, se ha tenido acceso a información de inteligencia que no había sido aportada en la primera etapa de la investigación, y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de Gobierno, también lo es, que el mérito no es por el correcto actuar de las diversas autoridades, gran parte de los nuevos acercamientos a la verdad se deben a la participación activa de la ciudadanía en los procesos de lucha y reclamo por la verdad; marchas, caminatas, diálogos, protestas, en fin, todos los recursos empleados para obtener estos logros son incontables.
Nadie mejor que las familias saben lo que han tenido que enfrentar en estos siete años de búsqueda de justicia y verdad, solo ellos conocen el sufrimiento humano que ello conlleva, su ejemplo de dignidad y perseverancia es un recordatorio permanente de la importancia de seguir sumando esfuerzos y lograr avances concretos y confiables que hagan realidad su derecho a la verdad, pues es la constante necesidad de madres, padres y familias a las que esa noche les cambiaron la vida para siempre, como podemos ver en siete años los diálogos no han sido suficientes para mitigar la necesidad de una exigencia legítima que alcanza el interés público de una sociedad que se ha mantenido solidaria a este movimiento de lucha permanente.
El derecho a la verdad, está compuesto por dos aristas: una de carácter individual que refiere la investigación apegada a los parámetros y exigencias de derecho más amplías que permitan el acercamiento a los hechos; y por otro lado, se encuentra la exigencia legítima de la sociedad a obtener acceso a la información que se desprenda de las investigaciones; es decir, una arista colectiva de interés general y dominio público.
En este sentido, lo menos que puede esperarse en todos los casos de esta naturaleza es que se empleen de manera efectiva y eficaz cada una de las herramientas del Estado para aproximar, de forma imparcial, exhaustiva y satisfactoria, cada uno de los hechos que permitan dar con el paradero de las y los desaparecidos.
El pueblo de México no puede condescender con la injusticia crónica y la ausencia de la verdad, razón por la cual, es necesario que sigamos expresando nuestra solidaridad con las familias de los 43 normalistas desaparecidos, en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral.
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