/ jueves 11 de julio de 2024

Seguridad pública

La moralización policial lleva esperando toda la vida -la de muchas generaciones-; se ha reformado el sistema penal -ahora ya es oral, aunque los trinquetes y las mañas no han desaparecido-, la policía fue dotada de recursos y equipamientos y se presume, incluso, que ya está capacitada -es una verdad a medias-. ¿Será que nunca veremos los tlaxcaltecas y los mexicanos realizado el sueño de cuerpos policiacos confiables, honestos y preparados? ¿Es mucho pedir que se diseñe y ponga en marcha una reforma nacional que arranque de raíz el cáncer social de la corrupción policiaca que llevamos soportando toda la vida?

De la reforma judicial tan cacareada, nos conformamos con que les amarren las manos a los jueces y al personal judicial operativo para que dejen de buscar dádivas, pagos, moches o como le quiera usted llamar. Porque esos funcionarios judiciales nos tienen agarrados del pescuezo y todos -con excepciones honrosas-, desde que asumen el cargo, su mentalidad se deforma, rápido aprenden las mañas para conducir al abogado o justiciable a un callejón sin salida y se vean obligados a “embarrarle las manos”, a fin de que el procedimiento se agilice; quienes dirigen este país, en los diversos grados de autoridad, deben reflexionar en que el personal judicial son “las manos” cuya misión es aterrizar el mandato constitucional de una justicia pronta, expedita y gratuita para el pueblo de México; cierto, son conocedores del derecho, pero desgraciadamente lo utilizan para corromperse a la chita callando -”Lic., présteme por favor cinco mil pesos”, “Lic., ¿ya le puso su veinte al piano?”, “Lic., ¿falta el impulso procesal?”-.

Ellos cobran su sueldo nominal, pero ambicionan enriquecerse con base en los moches. De tal forma que directamente no piden nada, pero obvio que se “portan cuates” con quienes les comparten.

Esa podredumbre la ha debido soportar el mexicano desde siempre; es tanta la costumbre de la mordida judicial, que hasta hemos llegado a creer que forma parte del quehacer jurisdiccional. En lo personal, no me resigno a creer que ha llegado a formar parte de nuestra vida.

El otro tema acerca de la reforma judicial es que los jueces se apeguen a derecho y no reciban ni ejecuten consignas de nada ni de nadie: “Lic., venga la próxima semana porque hay mucho trabajo”, “sí, cómo no Lic., ‘póngase’ de acuerdo con la secretaria”, “solo tengo espacio para ir a notificar hasta dentro de un mes”; ¡ah!, pero si brilla “el billano” se procede rápido.

Dicen los “sabios del derecho” que la única justicia posible es la que resulta de la óptima operatividad de los operadores jurídicos, en la plena honestidad y apego absoluto a la ley y que se respete el mandato de una ley justa. Pero pasemos al tema policiaco. De verdad hay que decirlo, los señores patrulleros, cuando están al volante de una unidad policiaca, su conducta dista mucho de garantizar la seguridad ciudadana; circulan buscando el menor pretexto para “pizcar” la mordida; este proceder se replica desde los simples policías de comunidad, los municipales, los estatales y los federales, casi todos consideran una fortuna el tener a su disposición una patrulla, el uniforme, la placa y el arma. Aunque hay que reconocer que hay estatales y federales que han ido abandonando esa práctica.

Pero si en carretera encuentran un accidente automovilístico, buscan confinar los vehículos -el negocio son las grúas y corralones-, y después con los ministeriales es un viacrucis liberar una unidad, aunque sea inocente -los corralones cobran más que hotel de cinco estrellas y la Procuraduría del Consumidor se hace de la vista gorda, de acuerdo al sapo es la pedrada-, son arbitrarios, carecen de certificación, desconocen las leyes, violentan los derechos humanos.

En estas escasas líneas es imposible desplegar un problema tan epidémico y arraigado en la sociedad. Por eso, soñamos ingenuamente en que la policía llegue a ser un auténtico paraguas de protección social.

En unos días más, las nuevas autoridades asumirán sus cargos en los municipios, y les aseguro que la sociedad reclama desde siempre que abran bien los ojos para nombrar a los encargados de la seguridad pública y que ningún matarife porte placa y uniforme. Porque elementos policíacos hay que cometieron delitos en un municipio y se marchan a otro lejano y encuentran trabajo, porque sus jefes entienden que ya saben robar, y con ellos se buscará cubrir las cuotas que exige tal vez hasta el munícipe mayor -”señor, vengo a reportarme como cada semana”-.

Para siempre se debe erradicar esa práctica, viciosa, nociva y reprobable, que tanto aflige a la sociedad. Si esto hicieran, les juro que arrancarían el aplauso y el reconocimiento del respetable pueblo de Tlaxcala y hasta podrían empezar a soñar con ser diputados locales.


¡Feliz Día del Abogado, mis queridos congéneres!




La moralización policial lleva esperando toda la vida -la de muchas generaciones-; se ha reformado el sistema penal -ahora ya es oral, aunque los trinquetes y las mañas no han desaparecido-, la policía fue dotada de recursos y equipamientos y se presume, incluso, que ya está capacitada -es una verdad a medias-. ¿Será que nunca veremos los tlaxcaltecas y los mexicanos realizado el sueño de cuerpos policiacos confiables, honestos y preparados? ¿Es mucho pedir que se diseñe y ponga en marcha una reforma nacional que arranque de raíz el cáncer social de la corrupción policiaca que llevamos soportando toda la vida?

De la reforma judicial tan cacareada, nos conformamos con que les amarren las manos a los jueces y al personal judicial operativo para que dejen de buscar dádivas, pagos, moches o como le quiera usted llamar. Porque esos funcionarios judiciales nos tienen agarrados del pescuezo y todos -con excepciones honrosas-, desde que asumen el cargo, su mentalidad se deforma, rápido aprenden las mañas para conducir al abogado o justiciable a un callejón sin salida y se vean obligados a “embarrarle las manos”, a fin de que el procedimiento se agilice; quienes dirigen este país, en los diversos grados de autoridad, deben reflexionar en que el personal judicial son “las manos” cuya misión es aterrizar el mandato constitucional de una justicia pronta, expedita y gratuita para el pueblo de México; cierto, son conocedores del derecho, pero desgraciadamente lo utilizan para corromperse a la chita callando -”Lic., présteme por favor cinco mil pesos”, “Lic., ¿ya le puso su veinte al piano?”, “Lic., ¿falta el impulso procesal?”-.

Ellos cobran su sueldo nominal, pero ambicionan enriquecerse con base en los moches. De tal forma que directamente no piden nada, pero obvio que se “portan cuates” con quienes les comparten.

Esa podredumbre la ha debido soportar el mexicano desde siempre; es tanta la costumbre de la mordida judicial, que hasta hemos llegado a creer que forma parte del quehacer jurisdiccional. En lo personal, no me resigno a creer que ha llegado a formar parte de nuestra vida.

El otro tema acerca de la reforma judicial es que los jueces se apeguen a derecho y no reciban ni ejecuten consignas de nada ni de nadie: “Lic., venga la próxima semana porque hay mucho trabajo”, “sí, cómo no Lic., ‘póngase’ de acuerdo con la secretaria”, “solo tengo espacio para ir a notificar hasta dentro de un mes”; ¡ah!, pero si brilla “el billano” se procede rápido.

Dicen los “sabios del derecho” que la única justicia posible es la que resulta de la óptima operatividad de los operadores jurídicos, en la plena honestidad y apego absoluto a la ley y que se respete el mandato de una ley justa. Pero pasemos al tema policiaco. De verdad hay que decirlo, los señores patrulleros, cuando están al volante de una unidad policiaca, su conducta dista mucho de garantizar la seguridad ciudadana; circulan buscando el menor pretexto para “pizcar” la mordida; este proceder se replica desde los simples policías de comunidad, los municipales, los estatales y los federales, casi todos consideran una fortuna el tener a su disposición una patrulla, el uniforme, la placa y el arma. Aunque hay que reconocer que hay estatales y federales que han ido abandonando esa práctica.

Pero si en carretera encuentran un accidente automovilístico, buscan confinar los vehículos -el negocio son las grúas y corralones-, y después con los ministeriales es un viacrucis liberar una unidad, aunque sea inocente -los corralones cobran más que hotel de cinco estrellas y la Procuraduría del Consumidor se hace de la vista gorda, de acuerdo al sapo es la pedrada-, son arbitrarios, carecen de certificación, desconocen las leyes, violentan los derechos humanos.

En estas escasas líneas es imposible desplegar un problema tan epidémico y arraigado en la sociedad. Por eso, soñamos ingenuamente en que la policía llegue a ser un auténtico paraguas de protección social.

En unos días más, las nuevas autoridades asumirán sus cargos en los municipios, y les aseguro que la sociedad reclama desde siempre que abran bien los ojos para nombrar a los encargados de la seguridad pública y que ningún matarife porte placa y uniforme. Porque elementos policíacos hay que cometieron delitos en un municipio y se marchan a otro lejano y encuentran trabajo, porque sus jefes entienden que ya saben robar, y con ellos se buscará cubrir las cuotas que exige tal vez hasta el munícipe mayor -”señor, vengo a reportarme como cada semana”-.

Para siempre se debe erradicar esa práctica, viciosa, nociva y reprobable, que tanto aflige a la sociedad. Si esto hicieran, les juro que arrancarían el aplauso y el reconocimiento del respetable pueblo de Tlaxcala y hasta podrían empezar a soñar con ser diputados locales.


¡Feliz Día del Abogado, mis queridos congéneres!