Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado la extinción de 109 fideicomisos por dos razones esenciales. La primera, es que se crearon para no actuar con apego a la normatividad, y la segunda, porque sus recursos se manejan de manera discrecional.
Para entender la importancia de esta decisión debemos saber que un fideicomiso es un instrumento financiero en el que una persona o fideicomitente destina dinero o bienes para que una institución financiera o bancaria, llamada fiduciaria, los administre para garantizar que dichos recursos se usen para un fin legal específico a favor de un beneficiario.
Con estos instrumentos, el Estado “etiqueta” recursos públicos provenientes de nuestros impuestos para determinarlos a diversos fines, y aunque la misma normatividad obliga a transparentar cuánto dinero tienen y también cómo se usan, la realidad es que en los pasados gobiernos no ocurrió así.
De hecho, los fideicomisos son una figura perteneciente al ámbito privado que pasó a formar parte de la administración pública, como parte de los mecanismos que los gobiernos anteriores aplicaron para utilizar dinero del pueblo de México en condiciones de opacidad sin ninguna consecuencia.
Ahora, el gobierno de la Cuarta Transformación ha instruido a funcionarios federales a evaluar la asignación de recursos a quienes reciben beneficios a través de los fideicomisos públicos, a fin de asegurar la continuidad, agilidad y transparencia en la entrega de apoyos, así como para revisar presuntas irregularidades.
Y a pesar del revuelo que los conservadores hacen del tema, hay que entender que no se trata de un asunto menor, pues en los últimos años los fideicomisos acumularon importantes sumas, debido al aumento de sus presupuestos sin justificaciones de por medio, y en el peor de los casos, como lo demuestran algunos estudios, los recursos que de estos se ejercieron sobrepasaron por mucho lo aprobado.
Es tal el nivel de corrupción que hay en torno a este asunto que, a ciencia cierta, no se sabe si realmente los fideicomisos cumplen los objetivos por los cuales fueron creados, los motivos por los cuales su patrimonio fue aumentando y el destino de sus saldos, así como las razones por las que se eligieron determinadas instituciones financieras o bancarias como fiduciarias.
Estimados amigos: es mentira que la extinción de los fideicomisos busque afectar la atención de la problemática social, como algunos aseguran. Ciertamente, hay intereses creados en torno a su conformación y operación, y es necesario tenerlo presente para que el debate no esté sesgado y se califique prematuramente como injusto.
En la bancada de Morena, apoyamos la decisión del presidente López Obrador, porque estamos convencidos de la importancia de hacer frente a la corrupción en todos sus niveles y frentes. Y en ese sentido, seremos cuidadosos de garantizar que quienes reciben apoyo público lo sigan haciendo porque realmente lo merecen y se justifica, de modo que continuará la entrega de estímulos para la creación artística, la investigación, el deporte, entre otros, porque tenemos claro que la vigencia de los fideicomisos no es determinante para ello.
El gobierno es el administrador del dinero del pueblo, y el compromiso de la Cuarta Transformación es terminar con los abusos y los excesos en el manejo de las finanzas públicas nacionales. Por eso es fundamental, en estos momentos, centrar esfuerzos para enfrentar la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria de Covid-19, sin incrementar impuestos, pero fortaleciendo las políticas económica y fiscal, para asegurar el cumplimiento de compromisos sociales.
La atención de la educación, la salud, la cultura, ciencia y tecnología no depende de la existencia de fideicomisos que, en la práctica, han sido más útiles para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad. Las prácticas corruptas del régimen anterior acabaron ya.
Gracias por su atención, hasta la próxima entrega.
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