En tiempos donde el precio de los combustibles es cada vez más inestable y casi a diario está al alza, el sistema público de transporte debería ser más que eficiente, pero no, todo lo contrario, es un verdadero desastre.
Explico: opera de manera desordenada y ninguna autoridad -cuando menos es lo que se observa-, mete en cintura a los trabajadores de volante que hacen lo que se les paga la gana.
Se alquilan para esa actividad que sin duda es honorable, pero parece que los obligan y actúan como si no les quedara “de otra”. Siempre están de malas, a todas horas, de manera irresponsable, usan el celular y envían mensaje, pierden el control, y eso ha traído consigo decenas de accidentes viales, muchos de ellos con consecuencias mortales.
En otros países, usar el transporte público es hasta un lujo. Los operadores portan camisa blanca y corbata, son educados, manejan en los límites de velocidad señalados por la autoridad competente, sintonizan música en un tono moderado, las unidades automotoras cuentan con rampas electrónicas para discapacitados y solo aceptan abordo el número de pasajeros permitido.
Pero aquí las combis como que se les conocen, se han convertido en unas verdaderas “sardinas humanas”. Las llenan hasta el tope y, de plano, las personas no tienen margen de maniobra, la gran mayoría de los consumidores y trabajadores dejó de usar el cubrebocas y se expone a riesgos de salud sobre todo porque la pandemia de Covid-19 sigue vigente.
Tan grave están las cosas que casi todas las combis, que deberían ofrecer -por ley- servicio para 17 personas (incluye el asiento del copiloto que, por cierto, el conductor nunca sede pues al parecer es exclusivo para las personas que determine) han llegado a transportar hasta 30 usuarios y la unidad es un verdadero horno. Eso sí, por necesidad, la gente no se queja y tiene que soportar estos abusos y excesos.
Haber autorizado el aumento el pasaje fue un error, ya no hay marcha atrás, pero era el momento para que la autoridad pusiera condiciones a los líderes del transporte y concesionarios sobre el correcto ofrecimiento del servicio. Perdieron esa gran oportunidad.
Ahora resulta que es más caro usar el transporte público que el particular. Una persona que viaja de Tlaxcala a Apizaco debe erogar en promedio unos 80 pesos entre idea, vuelta e intermedios. Hasta en un tramo de tres calles cobran ocho pesos. Inaceptable.
El tema es que, en forma irresponsable, los choferes cada momento desde las 06:00 horas hasta las 21:00 horas ponen el riesgo la vida de las personas al técnicamente hacinar la unidad automotora en un recorrido de ocho kilómetros que es la parada límite de pago de ocho pesos, pero el costo aumenta 25 centavos -que ya ni son usados- por cada mil metros más. ¿Cómo lo miden?
El transporte público es también, junto con la inseguridad, el “talón de Aquiles” de la autoridad. Gobiernos van y vienen y es lo mismo. Circular en muchas zonas de la entidad es un verdadero “Viacrucis”, Aunque, eso sí, los elementos de vialidad solo están más ocupados en infraccionar a automovilistas por faltas que solo merecen una llamada de atención. Nadie dice que debe haber impunidad, pero los efectivos en la mayoría de las veces o casi nunca, aplican su criterio para que la circulación sea fluida.
Lo bueno es que a diferencia de lugares como la Ciudad de México, donde los robos abordo de transporte público crecen todos los días, Tlaxcala todavía no padece ese “dolor de cabeza”. Pero el tema debe ser atendido y lo más pronto posible.
El gobierno no debe apostar a padecer ese mal pues en entidades aledañas está creciendo como el “monstruo de las mil cabezas”.
Eso sí, también es necesario, y no se puede pasar por alto, reconocer los problemas que enfrenta el transporte, como el costo del mantenimiento de las unidades debido al uso constante. Es claro que a falta de servicio puede traer problemas mayores que afectarían, tanto a la economía de la empresa como a la seguridad de los usuarios.
El problema es real y latente, resultado de que los concesionarios y “amos del volante” tienen “manga ancha” mientras que en la Secretaría de Vialidad “duermen el sueño de los justos”. Al tiempo.
