El proceso de verificación vehicular no solo ha sido el gran negocio del gobierno sino de quienes lograron la concesión. ¿Cómo?, nadie lo sabe, salvo los argumentos pueriles de quienes obtuvieron los permisos tras una convocatoria que avaló y certificó la autoridad. Eso sí, representa uno de los mayores fracasos oficiales.

El plan es una estrategia para beneficiar a funcionarios en retiro, a quienes no les alcanzó el poder ni las influencias para tener acceso, por recomendación del gobernador en turno, a notarías o espacios en el Poder Judicial, principalmente como magistrados. Los amigos “pequeños”, pues.

El tema tiene su origen en la capital del país, cuando en 1989 las autoridades detectaron supuestamente altos índices de contaminación ambiental, de ahí que decidieron realizar estudios de la calidad del aire y, según ellos, aplicar medidas emergentes para combatir el problema.

Pero en realidad fue un diseño de presuntos funcionarios corruptos para, a diestra y siniestra, ganar dinero de por vida. Qué vergüenza. Tlaxcala cuenta con más de cinco mil unidades de transporte público, la gran mayoría de las concesiones fue entregada en el gobierno de Tulio Hernández Gómez, y quien en realidad las autorizó fue Mariano González Zarur, entonces poderoso secretario de Finanzas y hace algunos años gobernador.

Luego entonces, si Tlaxcala padece problemas de contaminación, los responsables son quienes, por sus malas decisiones y ambiciones, han gobernado esta entidad. Ahora bien, si tanto interesaba enfrentar el mal, por qué entregaron concesiones del servicio de transporte como si fueran dulces y cacahuates como en posadas de Navidad.

Hoy en día, este mecanismo obligatorio para todos los vehículos no es más que un sistema de corrupción supuestamente para proteger la salud de las personas cuando en realidad sólo perjudican la economía de las familias.

El gobierno sólo protege los intereses de los empresarios del ramo automotriz, pues ahora resulta que para “pasar” la verificación sin problemas, la gente debe poseer un automóvil de agencia. Si el objetivo del gobierno es “primero los pobres”, pregunto, ¿Cómo un campesino, que usa una camioneta “vieja” para su trabajo y que le costó unos 20 mil pesos, podrá tener dinero para “pasar” la verificación si necesita comprar un catalizador que ayuda a evitar emisiones contaminantes, pero que cuesta hasta 22 mil pesos?

Por eso casi nadie verifica. Es un abuso y exceso, es como obligar a pagar los servicios municipales si la calle está llena de baches, si la persona tiene que pagar el que llegue agua potable a su casa, pero además debe tener una cisterna y bomba eléctrica para tener acceso al líquido.

Es técnicamente imposible “sortear” las pruebas de emisión de contaminantes, aunque tampoco es difícil conseguir la calcomanía cero que permite circular todos los días en la Ciudad de México.

Por ejemplo, en Tlaxcala, algunos abusivos, que son los más, cuando el automovilista no pasa el primer filtro, recomienda regresar “más tarde”, cuando no haya testigos. Eso sí, debe pagar 300 pesos adicionales para eliminar las pruebas grabadas en los videos que vigila la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Tlaxcala.

En Tlaxcala, la dependencia solo sirve para dos cosas: para nada. Tiene cámaras de vigilancia para los verificentros, pero el responsable y los encargados de checarlas no se enteran o se hacen occisos en los actos de corrupción. El titular de esa dependencia, Luis Antonio Ramírez Hernández, es un burócrata que no sabe ni lo que hace. ¿Conocía acaso del daño ecológico provocado en el agua que emana de las entrañas de la tierra a través de veneros y conforma el arroyo “El Potrero”, ubicado en Alpotzonga, Ixtacuixtla?

Grave contaminación por el derrame de combustóleo transportado por una pipa volcada sobre la carretera Arco Norte. Esto fue evidenciado por El Sol de Tlaxcala y el funcionario se enteró por el periódico, qué pena. Lo menos que debería hacer es renunciar por incompetente.

El programa de verificación es como el titular de esa oficina: inservible. No debería existir, es como seguir permitiendo que las personas sigan supeditadas, para poder acceder a un crédito bancario, si están en el Buro de Crédito, lo que el gobierno federal permite, ¿Basado en qué?

Por qué el gobierno de la República, ahora encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sigue permitiendo que las afores las manejen a su antojo los bancos y por qué Fonacot cobra en préstamos intereses al igual que los bancos. Vivimos en la mentira. Es lo mismo que la verificación vehicular. Al tiempo.