Tortura: una práctica inhumana

De acuerdo con los censos nacionales de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) y Federal (CNDHF) 2023, elaborados por el Inegi y publicados el 11 de diciembre del año pasado, durante 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los organismos públicos en la materia de todo el país, reportaron 156 mil 743 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos.

Los de mayor frecuencia fueron los relacionados con detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y tortura.

Esa reveladora información permite visualizar que uno de los delitos que registró un incremento fue la tortura, con 2 mil 361 quejas en 2022, mientras que en 2021 se habían registrado 1,908, según reportaron 126 mil 906 personas agraviadas, lo que representó un aumento de 11.8% entre un año y otro.

¿Por qué son importantes los resultados de este censo? En primer lugar, porque visibilizan el incremento de la tortura, un crimen de lesa humanidad que está expresamente prohibida por el derecho internacional, considerada como una de las prácticas más atroces perpetradas por el ser humano... ¡contra el propio ser humano!

Este 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura que, desde el 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General, proclamó con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

Esa convención ha representado un hito en la lucha contra ese flagelo, al establecer un marco legal internacional para prevenir y castigarlo. Sirve también para recordar a todas las personas en el mundo que han sido sometidas a este atroz acto de violación de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida, la integridad física y moral.

Se trata de una práctica inhumana y contraria a la dignidad humana que, además del sufrimiento físico que inflige, deja secuelas psicológicas y emocionales perennes en las víctimas, minando su confianza en la humanidad y en las instituciones encargadas de protegerlas. Ese delito es definido por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, de 1984, como todo acto por el cual se inflija “intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión…”

A decir de António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas “bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”. La lucha contra la tortura requiere un compromiso firme por parte de la comunidad internacional para erradicar esta práctica abominable en todas sus formas. En el contexto de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, ha habido intentos de justificar el uso de la tortura “en nombre” de la seguridad nacional. Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que la tortura no solo es ineficaz para obtener información fiable, sino que también socava los valores democráticos y los principios de legalidad que sustentan el Estado de derecho.

Tlaxcala lamentablemente no está exenta de este delito, de algunas recomendaciones que la CEDHT ha emitido a la Procuraduría, dos casos son de tortura, que hasta la fecha se ha dado seguimiento para el debido cumplimento de las mismas, así como el reconocimiento de calidad de víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala.

Los datos referidos reflejan la magnitud de este flagelo y nos sirven para ayudar a entender y comprender la necesidad de que todos los Estados tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de todas las personas. Lo anterior nos lleva a concluir que es necesario fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de tortura, así como apoyar a las víctimas en su proceso de rehabilitación y reparación integral.

Asimismo, es fundamental promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de rechazo absoluto a cualquier forma de maltrato o crueldad, trabajar de manera conjunta por la justicia sí, pero también por la igualdad y el respeto hacia todas las personas, para avanzar hacia un futuro en que la tortura sea solo una práctica inhumana del pasado.