En estos tiempos que nos toca vivir, es importante la plena vigencia del respeto a los derechos humanos, sobre todo de aquellas personas que, durante años, han sido ignoradas, invisibilizadas y discriminadas.

Uno de ellos es el derecho al trabajo, reconocido y bien remunerado, de quienes se emplean en los trabajos del hogar, mujeres y hombres, más ellas que ellos.

Para nadie es un secreto que aquellas personas durante décadas han prestado sus servicios siempre negándoseles por parte de los patrones, entre otras prestaciones, la seguridad social que merecen, en un claro acto de discriminación.

Vale la pena retomar el tema porque apenas la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos un paquete de reformas a la Ley del Seguro Social, tendientes a establecer que toda persona que contrate a otra para realizar trabajos del hogar, tiene la obligación de inscribirla ante el IMSS.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Inegi, México es el segundo país con más personas dedicadas a esas actividades en el continente, con casi 2.3 millones: 92 por ciento mujeres y 8 por ciento hombres.

Los datos reflejan la importancia de que todas esas personas puedan contar con seguridad social, incluidas sus familias, con lo que se da un paso importante para la plena vigencia del derecho al trabajo y a la salud.

Pero no solo eso, ahora todas esas personas inscritas al régimen del Seguro Social tendrán la oportunidad de contar con ahorro para una pensión, incapacidades, hospitalización, rehabilitación, prótesis, guarderías y otros beneficios.

En el caso de las mujeres, podrán acudir a consultas médicas en las clínicas y hospitales del Seguro Social y también recibir medicamento gratuito; contarán con el seguro de enfermedad y maternidad, por lo que pueden ser internadas o dar a luz en los nosocomios del instituto.

Además, todas las personas dedicadas a esa ocupación tendrán acceso al seguro de invalidez y vida que les garantizará una pensión, en caso de que por un accidente ya no puedan laborar o si mueren podrán dejar una pensión a su familia.

Ya desde el año 2019 se consiguió que el Congreso de la Unión reformara la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer derechos laborales básicos a quienes se dedican a esas labores, como una jornada de ocho horas, vacaciones y aguinaldo, entre otras.

En este contexto, hay que recordar que también desde 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social puso en práctica un programa piloto de afiliación para ese sector.

No obstante dichos avances, hacían faltan los cambios correspondientes a la ley del Seguro Social. Sin embargo, ahora el reto es que estos derechos se cumplan tal como lo establece la normatividad vigente.

De nada servirá si esas disposiciones siguen sin acatarse desde la parte que corresponde a los patrones quienes, por así convenir a sus intereses, prefieren que se siga invisibilizando el trabajo que todas esas personas realizan en los hogares.

Se trata también que los patrones sean empáticos y paguen lo justo a mujeres y hombres que trabajan en miles de hogares, pues es bien sabido que en muchos de esos centros de empleo los salarios están por abajo del mínimo general, sobre todo en el interior de la República.

Frente a ese panorama, y para combatir esas violaciones a sus derechos laborales, será imprescindible que las autoridades respectivas emprendan acciones de verificación y apoyo para denunciar ante las instancias competentes a quienes infrinjan la ley.

No se trata de decisiones a capricho, sino de respetar la ley y los derechos de todos.

*Consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos