El dos de junio del año dos mil veinticuatro, en la vida político-electoral del país se vivieron las, consideradas, elecciones de mayor escala, al elegirse candidatas y candidatos a la presidencia de la República, al Senado, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y de comunidad.
Lo que llamó la atención, en el entorno local, fue la implementación de las llamadas acciones afirmativas, que no son otra cosa que la obligación jurídica para erradicar contextos de discriminación, cuyo fin es activar la igualdad entre las personas y garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos políticos y electorales, esto según un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD). En este contexto, se estableció, en 10 municipios del Estado, la obligación de postular a mujeres en la contienda electoral para candidatas a las alcaldías, como una acción afirmativa.
Las acciones afirmativas deberían garantizar que la representación de las mujeres -como un grupo históricamente discriminado para ser votadas y la obligación de los partidos políticos en la implementación-, fuera libre de todo acto discriminatorio y de violencia; sin embargo, desde mi punto de vista, en la ejecución aún se encuentra pendiente de garantizar la erradicación de todo tipo de violencias.
Lo retomo, porque, fue evidente por lo menos en uno de los municipios conocido por su entorno textil, que se ejecutó la acción afirmativa, que la construcción social, estructural y simbólica evidenció las malas prácticas que se encuentran instauradas en su acervo social porque, como en antaño, bajo una usanza arraigada se ventilaron actos de violencia por razón de género, discriminatorios, intimidaciones, burlas, ataques mediáticos, haciendo uso de redes sociales, panfletos, etc., etc., sin que mediara algún pronunciamiento de autoridades electorales, con esto no quiero decir, que se responsabilice a una autoridad en particular, más bien, estamos frente a una realidad que no basta con crear un cuerpo normativo, sino que es necesario observar que la ley, por sí sola, no cambia no modifica el imaginario social, es decir hay que educarnos todas y todos para que los grupos prioritarios accedan al poder, pero con una conciencia real de aquel acceso. Por lo tanto, aún es necesario reconstruirnos, social y políticamente, para obtener escenarios políticos con igualdad de acceso, que estén a la altura y que permitan visibilizar a las mujeres fuera de todo tipo de violencia.
Finalmente, se hace una invitación a las autoridades relacionadas en el ámbito de sus competencias, a reforzar la promoción, protección, divulgación y capacitación en derechos humanos, desde un enfoque estructural y simbólico a priorizar a las mujeres, para que en los ejercicios democráticos las mujeres ejerzan sus derechos sin contra tiempo alguno.
*Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
