• Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez. En el Senado de la República aprobamos, por unanimidad, la Declaración formulada por México, que reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De esta manera, por iniciativa del gobierno de la Cuarta Transformación, se acepta que este importante organismo internacional observe las investigaciones que en dicha materia se realizan en nuestro país para apoyar a los familiares de las víctimas de este grave delito cuando hayan agotado sus procesos ante las instancias nacionales de procuración de justicia sin obtener respuesta sobre el paradero de sus seres queridos.

Esto significa que, al aceptar la jurisdicción del Comité de la ONU, se abre para las familias o allegados de personas desaparecidas la posibilidad de acceder al apoyo de profesionales de alto nivel en las investigaciones, lo que es un paso significativo para el respeto de los derechos humanos en México.

El Comité contra la Desaparición Forzada se integra por diez expertos independientes y de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos, quienes ejercen sus funciones a título personal y actúan con total imparcialidad.

Ellos se encargan de examina los informes relativos a las medidas adoptadas por los Estados para cumplir con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente para nuestro país desde el 23 de diciembre de 2010, y a partir de ello formulan los comentarios, observaciones o recomendaciones que consideran apropiados, y pueden revisar las peticiones presentadas por las familias o allegados de las personas desaparecidas, a fin de que se busquen y localicen.

Con ello, se empodera a todos los que tienen legítimo interés en este tipo de casos, porque se refuerza su lucha diaria por buscar la verdad y obtener justicia ante un crimen cruel que causa sufrimiento y angustia en miles de mexicanos afectados por la violencia de las últimas décadas.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de México, a finales de 2019, alrededor de 61 mil 637 personas estaban desaparecidas en nuestro país. Sin embargo, a mediados de julio, un informe actualizado por la Secretaría de Gobernación precisó que México acumula, desde 1964, un total de 73,201 personas desaparecidas.

Por eso, vale la pena reconocer la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador por permitir la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada para hacer frente a una de las más graves violaciones a los derechos humanos en México, mediante esta Declaración que reconoce como prioritaria la búsqueda de personas y la atención de esta crisis heredada por pasados gobiernos que se resistieron al escrutinio de organismos externos.

Estimados amigos: con congruencia, el nuevo Gobierno de México está cumpliendo su promesa. Las familias de las víctimas del delito y la violencia merecen respuestas, por lo que casos como Ayotzinapa, Tlatlaya o Allende no quedarán en el olvido.

Al reconocer la competencia del Comité de la ONU, seguramente, se generarán cambios favorables para la prevención, la investigación y el esclarecimiento de casos, lo que es fundamental para que la reconciliación de los mexicanos se construya con base en la verdad y la justicia, posibilitando la sanción y la reparación de daños.

Todos queremos que no se repitan más los crímenes en materia de desaparición forzada de personas en México, y el presidente López Obrador es el primero en aceptar este desafío para el Estado mexicano al permitir ayuda externa que abonará favorablemente a regenerar el tejido social.

Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.