No hay duda de que el Ejército Mexicano es una de las instituciones en las que más confían los mexicanos. Por ello, en el sector patronal reconocemos sus principales aportaciones sociales en el marco de la celebración de su día, el pasado 19 de febrero. Además, hay que destacar cuál es el futuro que como sociedad esperamos de nuestras fuerzas armadas. Somos un país de paz en política exterior, pero no podemos dejar de advertir los grandes riesgos en materia de seguridad nacional que enfrentamos al interior. Por lo que el rol del Ejército frente a esos desafíos debe ser claro y estar alineado a principios como el respeto a los derechos humanos.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 muestran que el Ejército y la Marina son las instituciones con el mayor nivel de confianza de la población, con 63.8 por ciento, seguidos de la Guardia Nacional con 60.5 por ciento, y del Instituto Nacional Electoral (INE) con 59.6 por ciento. Otro ejercicio similar es el Ranking de Confianza en las Instituciones de México 2020 realizado por Consulta Mitofsky, donde en el primer lugar de las 19 instituciones evaluadas se encuentra el Ejército seguido por las Universidades, la Guardia Nacional, la Iglesia y las redes sociales.

Coincidimos con el Ejecutivo federal cuando señala que el Ejército es pueblo uniformado, y precisamente esta alta confianza no es casualidad, es un común denominador que las instituciones que se perciben como las más ciudadanas son las que mayor aprobación y confianza generan. Sin embargo, esta institución no actúa discrecionalmente, sino que se rige bajo un mandato legal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea. Para ello, todos sus elementos deben ser organizados, adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones.

No obstante, bajo esta premisa, resulta preocupante que en menos de una década, las Fuerzas Armadas no sólo pasaron de encargarse de la seguridad nacional a realizar tareas de seguridad pública, sino que hoy por mandato presidencial realizan al menos 14 tareas que deberían estar en manos de autoridades civiles. Entre ellas: la construcción de obras emblemáticas (Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, las 2,700 sucursales del Banco del Bienestar); la remodelación de 32 hospitales, la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, capacitación policial, el reparto de programas sociales, el apoyo a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro; la distribución de medicinas; el control de puertos y aduanas; y en materia de seguridad: el combate al robo de hidrocarburos, la custodia de pipas, la vigilancia de las fronteras norte, sur y más.

En el sector patronal, concebimos inadecuado que por decisión del Ejecutivo se les sature de tareas que les han impuesto y que provocan que se le distraiga de su misión fundamental de defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad interior; sobre todo, cuando se ha alcanzado la alarmante cifra de 112 mil homicidios en 3 años del presente gobierno donde el Ejército podría ser un actor clave para la reducción de la violencia.

Según información oficial reportada por medios de comunicación, las Fuerzas Armadas han desplegado 61 mil 795 elementos para cumplir tareas ajenas a sus funciones principales, elementos que serían indispensables en las operaciones de construcción de la paz en varias regiones del país. Esa cifra es superior y contrasta con los 54 mil 980 efectivos desplegados para tareas de seguridad distribuidos en el último año del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y los 52 mil 807 utilizados en la administración federal de Felipe Calderón.

Por tanto, para los ciudadanos el Ejército y la Marina son aliados que les dan tranquilidad. De acuerdo con la encuesta telefónica “Fuerzas Armadas”, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados en 2018, el 74 por ciento de los entrevistados calificó como “útiles” las labores de patrullaje de estas dependencias federales para combatir la inseguridad. Es así que 8 de cada 10 mexicanos consideraron que corresponde al Ejército y la Marina llevar a cabo acciones de combate contra el crimen organizado, y además señalaron que ambas instituciones deben continuar con las labores de vigilancia.

Nadie habla de militarización sino de coordinación efectiva entre autoridades de los distintos órdenes para recuperar la paz y la tranquilidad; bajo un marco legal transparente que establezca funciones y límites; y también donde el respeto a los derechos humanos sea la columna vertebral.

No hay duda, existe el respeto y reconocimiento al Ejército por siempre estar en los momentos más difíciles y también por su fidelidad al pueblo. Invaluable el recuerdo de su intervención durante los sismos de 1985 y 2017; o qué decir de lo hecho frente a huracanes e inundaciones. Así como el Ejército cuida a la sociedad, también creemos que la sociedad está obligada a cuidar al Ejército, a pedir que no se le distraiga de sus tareas fundamentales, a preservarlo lejos de tareas que podrían ser susceptibles de señalamientos de corrupción que dañen la alta confianza con que cuenta; a que no se exponga a sus elementos a agresiones como las que hemos lamentablemente visto en distintas comunidades y a las cuales no han respondido para no afectar a la población. Y principalmente a que sea clara la línea divisoria entre aquellas encomiendas que son propias del Ejército y de aquellas que deben estar en manos civiles. No es deseable la militarización del país.

En la Coparmex Tlaxcala estamos orgullosos del Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas, reconocemos su disciplina y la satisfacción que provocan sus labores sociales y solidarias en los ciudadanos, queremos que sigan siendo un pilar para la seguridad nacional y para que las familias vivan tranquilas. Felicidades al Ejército Nacional y gracias por las labores que realizan.

• * Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.