Para qué quiero piernas, si tengo alas para volar

Frida Kahlo

Los datos son graves y alarmantes. Demuestran vez tras vez que la violencia contra la vida y bienestar de niñas y mujeres, especialmente aquellas con discapacidad, está normalizada en sociedad y familias.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mil millones de personas viven en el planeta con algún tipo de discapacidad; esto no es una cifra menor, representa el 15 % de la población mundial. De ellas, 190 millones tienen dificultades en su funcionamiento y requieren asistencia. Pocos países en verdad han logrado políticas públicas de inclusión y atención adecuada; México no es el mejor ejemplo de ellos, desgraciadamente.

6,179,890 personas con alguna discapacidad viven en México, 4.9 % de la población, porcentaje 2/3 menor a la media mundial, ¿en serio?.

Hay más mujeres que hombres viviendo con discapacidad en nuestro país; siendo ellas el 53 % y ellos el 47 % (INEGI, 2020). Ahora, contra ellas, niñas y mujeres, los violentos se ensañan, 73 de cada 100 de las mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida (ENDIREH, 2021), esto es 6 % más que las mujeres que no viven con discapacidad. Se requiere ser cruel y sin alma para lastimar a culquier persona pero ¿a quien vive con discapacidad? ¿en serio? así los “escrúpulos” de quienes abusan de su poder ante ellas.

La violencia psicológica predomina; el 58 % es o ha sido víctima de ésta, 45 % también sufre violencia física y 35 % soporta cotidianamente o ha soportado violencia económica o patrimonial.

Aunque los datos son sin duda alarmantes, mira lector, lectora, la violencia sexual: casi la mitad ha sido torturada de esta forma en todos los ámbitos: familiar, comunitario o institucional. ¿institucional? sí; en 2015 Disability Rights International y el Colectivo Chuhcan publicaron un informe en el que el 43 % de las mujeres con alguna discapacidad entrevistadas, habían sufrido algún tipo de abuso al visitar a un ginecólogo, y que personas tutoras y personal médico han optado por la esterilización y anticoncepción forzada en contra de mujeres y niñas con discapacidad como una medida para “protegerlas” de no quedar embarazadas en caso de que sean víctimas de una violación. Absurdo por donde se vea.

El derecho a los derechos sexuales y reproductivos están vinculados con el derecho a la capacidad jurídica, es decir, el derecho a tomar decisiones sobre la propia vida. Este derecho suele ser negado o reducido a las mujeres con discapacidad. Y de discriminación, ni hablar. En 2022 de las mujeres con discapacidad de 12 años y más 44.7 % percibió que se discrimina mucho al momento de buscar empleo, y 23.7 % percibió ese grado de discriminación en las oficinas o servicios de gobierno. En cuanto a apoyos de programas sociales (becas, BIENESTAR, etc.) el 49.7 % manifiestan no recibirlos, más de 10 puntos arriba que los hombres (39.5%).

Contra esta adversidad, ellas y ellos se levantan y destacan; como muestra, un botón; en los pasados juegos paralímpicos en París, de un total de 76 participantes, 36, casi la mitad, fueron mujeres y de las 17 medallas, ellas trajeron 7. En total, la delegación fue reconocida con 76 diplomas (dentro de los 8 mejores del mundo) cuando los atletas sin discapacidad lograron 3 medallas y 19 diplomas. Competencia es competencia.

Como todos los seres humanos, las personas que viven con discapacidad necesitan y tienen derecho a vivir a plenitud. Toca al gobierno establecer políticas públicas que reconozcan estos derechos y los honren con presupuesto, inclusión y perspectiva de igualdad. A la sociedad, concientizarnos y respetar sus derechos, por ejemplo, sus lugares para estacionamiento; o ¿de verdad quieres estar en su lugar?.