IVÁN ARRAZOLA*
Resulta curioso el razonamiento de la clase política en México, pocas veces se unen y cuando lo hacen es para perjudicar con sus decisiones a la ciudadanía, solo en ese contexto se puede entender la carta enviada por los 32 gobernadores de México en la que piden a la Suprema Corte que no toque la prisión preventiva oficiosa, según ellos porque dicha figura representa una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños provocados por el delito.
Queda claro cuál es la visión de justicia de los 32 gobernadores, prefieren mantener una figura que afecta sobre todo a los que no tienen recursos económicos para enfrentarse a un sistema de justicia engorroso y oneroso que hacer un cambio profundo en el sistema de justicia de nuestro país. Pero también muestran su visión aldeana y retrograda sobre los derechos humanos al asegurar que es necesario mantener la Supremacía Constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno.
Ya la Corte Interamericana ha señalado que mantener esta figura dentro de la legislación mexicana es ilegal, atenta contra los derechos humanos, esto lo determinó la Corte a partir del análisis de los casos de Daniel García y Reyes Alpízar, dos hombres que estuvieron en la cárcel durante 17 años y medio sin recibir sentencia, a partir del fallo de la Corte pidió que México eliminara de su legislación la prisión preventiva oficiosa que se aplica de forma automática.
Los gobernadores señalan en su misiva que la principal razón para hacer esta petición a la Corte es porque generaría un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto, sin embargo, los gobernadores confunden los conceptos de seguridad y justicia, el que el país tenga más seguridad no depende de que haya más gente en la cárcel, depende de tener cuerpos de seguridad eficaces, sistemas de inteligencia, políticas integrales que puedan cubrir la seguridad de un país tan vasto y complejo como lo es México.
Pero para los gobernadores lo mejor es recurrir al camino fácil, es más sencillo mantener a una persona en la cárcel y después “averiguar” si es o no culpable, es más sencillo mantener cárceles sobrepobladas en las que prolifera la corrupción, que trabajar en estrategias coordinadas, mejorar las instancias de procuración de justicia, descongestionar un sistema en el que los ministerios públicos investigan poco y lo hacen mal debido a la saturación de trabajo.
En el caso de los gobernadores de Morena no sorprende el apoyo a la prisión preventiva oficiosa, al final es la postura que ha asumido López Obrador quien se ha pronunciado a favor de la prisión preventiva, aunque el presidente se dice progresista su pensamiento es profundamente conservador, finalmente los gobernadores morenistas deben obedecer a su jefe político que es el presidente. En el caso de los gobernadores de oposición sorprende su postura, ya que deberían diferenciarse de una fuerza política que siente un profundo desprecio por los derechos humanos, pero al sumarse queda claro que todas las fuerzas políticas son iguales y que poco les preocupa el tema de la justicia en el país.
Señalan los gobernadores que eliminar la figura colapsaría los tribunales federales porque se verían obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que sin duda revela que lo que le preocupa a los gobernadores es el colapso de un sistema de justicia que en realidad atenta contra la población, mantiene a muchas personas en prisión, a las que no se les ha podido demostrar ni su inocencia ni su culpabilidad, son aproximadamente 68 mil personas las que se encuentran presas bajo esta figura, cerca de un tercio de la población que hay en las cárceles, es más sencillo mantener la prisión preventiva que trabajar en rediseñar el sistema de justicia en México.
Es claro que en esta época de elecciones las fuerzas políticas salen a pedir el voto a la ciudadanía, por lo que deberían de rendir cuentas y explicar las acciones que han emprendido en materia de seguridad, las más de 180 mil muertes durante el sexenio no son solo culpa de López Obrador, todos los gobernadores tienen responsabilidad sobre lo que ocurre en sus respetivos territorios, sin embargo, lo que más sorprende es que ante el clima de inseguridad que priva en el país quieren que todo permanezca igual, son incapaces de plantear otras alternativas, prefieren mantener una figura jurídica que lo mismo puede servir para combatir criminales que para vengarse de enemigos políticos.
La carta enviada por los 32 gobernadores refleja de manera clara el divorcio entre la clase política con independencia del color que sea y la ciudadanía, esta época de campañas políticas ha servido para mostrar la superficialidad, las ocurrencias, las propuestas huecas de candidaturas que no van a resolver los problemas del país, pero que una vez que lleguen al poder se dedicarán a dar excusas y a culpar al pasado, al neoliberalismo o la descomposición social de los problemas de seguridad en el país, o al propio pueblo de sus ineptitudes, tal vez es momento de que el pueblo firme una carta para que la prisión preventiva sí aplique pero únicamente a los gobernadores por hacer mal su trabajo.
*Analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C
@ivarrcor @integridad_AC
