En México, 5 millones de personas (5.1 % de la población) se autoidentificaron con una orientación sexual y de género LGBTI+ de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021. Por su parte, la ENADIS 2022 (Encuesta Nacional sobre Discriminación), de la población de 18 años y más de la diversidad sexual y de género, 37.3 % refirió haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 12 meses. Al desagregar según orientación sexual e identidad de género, 43.7 % de las personas con orientación sexual LGB+ y 27.7 % con identidad de género T+ manifestaron esta situación.
Los datos anteriores muestran sólo un esbozo del alto índice de discriminación hacia las personas LGBTTTI+, aunado a los retos latentes en la realidad respecto de las personas LGBTTTI+ y de quienes defienden sus derechos humanos, aun cuando sea de forma pacífica, si bien existe un marco jurídico que precisa que ninguna persona debe ser discriminada es importante comprender un marco conceptual que establece que la identidad de género es como cada persona se siente y se piensa respecto a sí misma y como lo interpreta, correspondiendo o no con el sexo asignado al nacer; la orientación sexual hacia quien se siente física, espiritual y emocionalmente atraíde; y la expresión de género como cada persona manifiesta y exterioriza su género a través de la manera en que actúa, se viste, se comporta e interactúa con las demás personas.
Lo anterior, resulta complejo de comprender sumado a la falta de información y cumplimiento de los deberes y obligaciones del estado, aunado a la escasez de políticas públicas eficaces, tan solo por poner un ejemplo; en los estados sigue pendiente que las instituciones lleven un registro sobre los crímenes de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género, incluso en algunos está pendiente legislar el tipo penal, lo que agrava la situación por estar invisibilizada la información, también es cierto que hay obstáculos como el acceso a candidaturas, al cupo laboral, espacios de esparcimiento libres de discriminación, en el sistema de justicia dentro de los procedimientos o tramites de documentación en cualquier ámbito, de la misma manera que hay retos pendientes y específicos a partir de las necesidades de la mujeres LGBTTTI+ en el ejercicio de sus derechos.
Motivo por el que las manifestaciones a través de las marchas del orgullo realizadas cada año deben ser tomadas con seriedad para hacer visible lo invisible (realidades de los derechos humanos de personas LGBTTTI+) ya que, ante la gravedad de la realidad y crisis de los derechos humanos a nivel nacional, no basta pedir que las autoridades garanticen los derechos humanos, se debe ir más allá del discurso y de la norma, contra todo acto de violencia machista, heteropatriarcal y lgbttifobica durante y después de las marchas.
Siendo un reto para el estado y la ciudadanía, lo demandado en la marcha del orgullo del pasado 8 de junio en Tlaxcala, en voz de diversos colectivos que exigieron el respeto a sus derechos principalmente a la igualdad y no discriminación, donde las mujeres de colectivas de lesbianas y bisexualas rechazaron la simulación democrática, el capitalismo usurpador de las empresas, haciendo un llamado a cuestionar y hacer memoria de las mujeres que dieron origen a la marcha del orgullo y a quienes han sido víctimas de la violencia, exigiendo libertad para palestina y problemáticas ambientales, señalando entre otras cuestiones, la importancia de organizarse, seguir resistiendo y luchar colectivamente.
Siendo necesario precisar que los derechos de las personas LGBTTTI+ aun cuando están reconocidos y protegidos en el plano internacional, nacional y local con carácter obligatorio, no es suficiente, al existir en la sociedad homofobia, consistente en el rechazo o discriminación de la cual son víctimas las personas cuya preferencia sexual discrepa de los gustos que tanto la sociedad como la religión han impuesto, de transfobia definida como la falta de aceptación frente a las personas transgénero, de bifobia relacionada con las bisexualas y lesbofobia, como una forma de discriminación y de rechazo a las mujeres que rompen con la norma social de formar parejas heteronormativas, siendo evidente la doble o triple discrimación basado no solo en la desinformación sino en la tolerancia social a la abierta misoginia que vulnera los derechos humanos de las personas.
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