Las transiciones de gobierno en los municipios representan un momento de suma atención en materia de seguridad pública. Experiencias del pasado han demostrado la importancia de cuidar los cambios de administraciones municipales, precisamente, ante la necesidad de que las autoridades entrantes estén preparadas para responder a sucesos que afecten la tranquilidad y la paz social en sus demarcaciones.

El gobierno estatal se venía preparando para este momento, y por eso ofreció orientación y capacitación a las y los entonces alcaldes electos para la adecuada conformación de sus áreas de seguridad.

Incluso, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros los convocó a la Séptima Reunión de la Mesa Interregional para la Construcción de Paz y Seguridad, con autoridades federales y estatales, para establecer compromisos que permitieran al estado avanzar sin sobresaltos en la atención de una de las principales demandas de la ciudadanía.

Sin embargo, tras dos semanas en funciones, resulta preocupante que haya presidentas y presidentes municipales que no actúen a la altura de tal expectativa, como lo indican los resultados del último reporte del Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza (C3) sobre el estatus de evaluación de los directores de seguridad municipal.

Al corte del 11 de septiembre, únicamente 24 municipios contaban con un comisario evaluado y aprobado, es decir, menos de la mitad de todo el estado; ocho municipios estaban en proceso de evaluación de su propuesta, mientras que, en 13, las propuestas de titulares de seguridad fueron reprobadas, situación que resulta preocupante, principalmente porque en algunos casos, al parecer por ignorancia, los Cabildos decidieron avalar los nombramientos, lo que contraviene la legislación nacional y estatal en Seguridad Pública.

Finalmente, el reporte indicó que, en los nueve municipios restantes, la autoridad no proporcionó dato alguno sobre el proceso de evaluación, lo que sugiere un preocupante desinterés por contribuir al logro de objetivos de los planes que se han puesto en marcha en Tlaxcala para responder a los desafíos en materia de seguridad.

Las y los presidentes municipales ya conocen el estatus de sus directores de seguridad, y deben tener en cuenta que son monitoreadas las evaluaciones de estos titulares junto con las del estado de fuerza de sus direcciones de seguridad, y que esa información también es recibida por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que la verifica como parte de los trabajos de auditoría que, periódicamente, realiza para conocer la aplicación de los recursos etiquetados para seguridad.

Por esa razón, las nuevas autoridades municipales no tienen pretextos para cumplir con lo que legalmente están obligadas a hacer para garantizar condiciones de bienestar a la población, entendiendo que la seguridad es la base de tales condiciones.

Los municipios aún están a tiempo para corregir errores e insuficiencias. Deben comprender que la desatención e incumplimiento de las disposiciones y procedimientos en esta función estratégica afectan, no solamente a sus habitantes, sino a todo el estado, porque impacta en la percepción ciudadana de seguridad.

Por 24 meses, el gobierno estatal ha conseguido mantener a Tlaxcala como el estado con la incidencia delictiva más baja del país, como consecuencia del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno que deriva de los acuerdos de las Mesas de Construcción de Paz.

Es indispensable que los gobiernos municipales favorezcan la continuidad operativa de los planes, estrategias y acuerdos en seguridad y que, paulatinamente, avancen en el fortalecimiento de sus policías, con más inversión en capacitación, adiestramiento, acreditación, equipamiento e infraestructura. En definitiva, no pueden eludir este compromiso con la ciudadanía ni con Tlaxcala.

El cambio de gobierno es la oportunidad para que las nuevas autoridades sean sensibles a las demandas ciudadanas.