Hace 50 años, la comunidad internacional celebró la primera conferencia global sobre medio ambiente bajo el lema “Una sola Tierra”. En ella, los países debatieron en torno a la posibilidad de hacer compatible el crecimiento económico con la protección ambiental. Para alcanzar este objetivo, se adoptaron 26 principios que destacan la responsabilidad irrenunciable de los seres humanos en la conservación y restauración de los ecosistemas.
A pesar de los esfuerzos implementados, el objetivo de hacer realidad un desarrollo sostenible está lejos de cumplirse. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los riesgos ambientales serán las principales amenazas para la seguridad internacional. El fracaso de la acción climática, el clima extremo, la pérdida de biodiversidad, la crisis por los recursos naturales y el daño ambiental provocado por el ser humano ocuparán, respectivamente, los primeros lugares dentro los más importantes riesgos globales.
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Sin lugar a dudas, para superar estos desafíos se requiere redoblar esfuerzos para alcanzar la seguridad hídrica, pues el agua el vínculo más importante entre los compromisos mundiales en torno al medio ambiente: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres. Para decirlo con toda claridad, no habrá desarrollo sustentable sin seguridad hídrica.
Y es que, en un ambiente de seguridad hídrica: 1) la población tiene acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuadas y a un precio justo; 2) los ecosistemas son aprovechados de manera sustentable para que puedan seguir brindando sus servicios ambientales; 3) existe un adecuado abastecimiento de agua para la producción de bienes y servicios; y 4) la población es resiliente a los efectos relacionados con los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como inundaciones, sequías, deslaves, entre otros.
No obstante, la humanidad se enfrenta a una inseguridad hídrica multidimensional que pone en riesgo el desarrollo sostenible. Se estima que, en los últimos 100 años, la demanda global de agua se ha incrementado en 600% como respuesta al acelerado crecimiento poblacional, al intensivo proceso de urbanización, y al mantenimiento de un modelo económico basado en el uso irracional de la energía y los materiales y en la desigual distribución del ingreso. El incremento de la demanda de agua afectará principalmente a los más de dos mil millones de personas que viven en países con escasez de agua.
Estos retos han estado presentes en el sector hídrico, al menos, en los últimos 30 años, pero se han agudizado durante la pandemia por Covid-19. Tal es el caso de los servicios de agua potable, donde los consumos de agua se han incrementado por el lavado de manos y la higiene básica como principal barrera para evitar la propagación del virus. Este incremento fue acompañado de una reducción sustancial en los ingresos de los prestadores de dichos servicios, creando las condiciones para una crisis financiera en el sector y un incremento en el gasto y consumo de agua embotellada de las personas, con mayores implicaciones para los grupos vulnerables, especialmente mujeres y personas con altos grados de marginación.
Hasta el momento, los retos del sector hídrico han sido enfrentados con una infraestructura hidráulica que, en general, ha rebasado su vida útil por varias décadas; con un sistema financiero que experimenta un paulatino decrecimiento en los niveles de inversión; y con un modelo de gobernanza que ha sido incapaz de incorporar los múltiples valores del agua en el diseño e implementación de una política hídrica justa, equitativa y sustentable.
Para superar estos desafíos y garantizar el bienestar social de todas las personas se requiere poner a la seguridad hídrica en el centro del desarrollo sustentable. Ello implica, al menos:
- Incrementar el ritmo de construcción de la infraestructura, tanto verde como gris, bajo un esquema de protección ambiental y respeto al derecho de las comunidades.
- Reformar el sistema financiero del agua, para hacerlo sostenible, transparente y con rendición de cuentas.
- Avanzar hacia una verdadera gestión integral y sustentable, lo que implica contar con más y mejor información para la toma de decisiones sobre cantidad y calidad del agua, así como mejorar la regulación para la protección de los recursos hídricos.
- Reconstruir las capacidades de las instituciones que participan en la gestión del agua, profesionalizando a su personal y distribuyendo claramente responsabilidades.
- Mitigar los riesgos considerando los efectos del cambio climático, implementando acciones de adaptación y mitigación.
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- Promover la formación de ciudadanos hidro-inteligentes, que comprendan y actúen de acuerdo a sus obligaciones y derechos en el ciclo ampliado del agua.