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Este año, distintas dependencias del gobierno federal han pagado 316 millones de pesos a empresas privadas para que vigilen y protejan sus instalaciones.
A la fecha, las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la de Agricultura (Sader), además de la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras, han firmado 98 contratos con empresas de vigilancia.
Los millonarios contratos se firmaron a pesar de la política de austeridad del gobierno y la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar los contratos de seguridad privada.
"Tratamos de tener ya un órgano para dar seguridad a las oficinas federales, una policía federal, sólo para dar servicio de vigilancia a oficinas del gobierno", dijo el mandatario en su conferencia del 24 de febrero, cuando criticó que los contratos de seguridad privada en administraciones pasadas alcanzaron una nómina paralela de hasta 50 mil elementos.
"Se llegó al extremo, al colmo, de que la Secretaría de Gobernación, que manejaba la Secretaría de Seguridad, manejaba servicios privados a policías, para vigilar sus oficinas", refirió.
Este año, tan sólo la Fiscalía General de la República (FGR) ha firmado 10 contratos por el servicio de seguridad y vigilancia para sus oficinas en sus delegaciones en el país por 57.4 millones de pesos.
Casi la mitad de ese monto, 23.5 millones de pesos, la FGR lo pagó a la empresa Insumos y Servicios en General LACG SA de CV.
De acuerdo con la plataforma de compras del gobierno Compranet, 55 del total de los contratos se adjudicaron de manera directa, es decir, sin licitación, por un monto total de 124 millones de pesos.
De las casi 60 empresas que obtuvieron contratos por este servicio, 13 concentran 70 por ciento del monto asignado hasta el momento.
Destaca el nombre de la empresa Multiproseg SA de CV, que obtuvo 13 contratos por 116.9 millones de pesos.
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Le siguen, por monto Serviseg, empresa fundada por el expresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Mario Espinosa Boulogne, con dos contratos por 25.1 millones de pesos.
Entre las firmas también destaca Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora, que obtuvo dos contratos por 17.7 millones de pesos, con dos instituciones de educación superior del estado gobernado por Claudia Pavlovich.
La empresa es propiedad de Luis René Ibarra McLaurin, primo directo de Sergio Torres Ibarra, esposo de la gobernadora sonorense.
El gasto en seguridad privada en lo que va del año es ligeramente menor al del año pasado, cuando diversas dependencias y organismo de la administración federal pagaron 349.7 millones de pesos en 140 contratos para este servicio, según la información disponible en Compranet.
La entidad que más contratos de seguridad privada firmó el año pasado fue Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con 88, aunque también hubo dependencias como la Sader y la Secretaría del Bienestar.
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