Un juez especializado concedió una suspensión definitiva que paraliza por tiempo indefinido la política en materia de energía del Gobierno de México así como la emisión de nuevas reglas para el sector eléctrico que han sido impugnadas por empresas y organizaciones ambientales ante tribunales en las últimas semanas.
Lo anterior luego de que la agrupación Defensa Colectiva promoviera un amparo contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional y el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional por la pandemia del Covid-19.
“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, concluyó el juez Rodrigo de la Peza.
Incluso, el juzgador explicó que, para no generar un vacío normativo durante la vigencia de la suspensión, las autoridades responsables deberán aplicar las disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición de los actos reclamados.
“Desde esta perspectiva, y si se considera que no existe evidencia de que el suministro de energía eléctrica y el desarrollo sustentable del País se hayan visto afectados por la aplicación de la regulación anterior, este juez considera al menos preliminarmente, que la paralización del Acuerdo de la SENER no afecta los valores antes mencionados”, señala el resolutivo.
El beneficio judicial conseguido por la agrupación puede ser impugnado por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) mediante un recurso de queja ante un tribunal federal.
Dicho litigio es similar al promovido por Greenpeace-México en el que también se consiguió frenar en lo general la totalidad de la actual política energética del Gobierno de México. La suspensión provisional concedida en ese amparo por el juez Juan Pablo Gómez Fierro se encuentra en revisión por un tribunal colegiado.
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