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El gobierno de México enfrenta 12 demandas de inversionistas extranjeros que exigen pagos por nueve mil millones de dólares. La Secretaría de Economía informó a El Sol de México que estas demandas son promovidas por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y varios Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (conocidos como APPRI).
Uno de estos reclamos es el de Odyssey Marine Exploration por tres mil 540 millones de dólares, ante la negativa del gobierno federal a su proyecto Don Diego, que consistía en la construcción de una mina submarina para dragar fósforo durante 50 años en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.
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En 2016 la Secretaría de Medio Ambiente rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y con ello el proyecto fue suspendido.
Otra de las demandas es la que presentaron inversionistas de Oro Negro, quienes reclaman al país una compensación de 270 millones de dólares como reparación luego de que en 2015 Pemex redujo las tarifas de arrendamiento de plataformas petroleras de la empresa y dos años después dio por terminado el contrato de manera anticipada.
La empresa PACC Offshore Services Holdings (POSH) de Sigapur tiene una demanda contra México por 200 millones de dólares más el pago del arbitraje internacional por afectaciones a su negocio, luego de que un juez federal declaró el concurso mercantil de Oceanografía, compañía con la que tenía inversiones en buques que fueron embargados.
De igual modo, la empresa inmobiliaria de origen francés Lion Mexico Consolidated reclamó a México 200 millones de dólares desde 2015 por la cancelación de tres pagarés y tres hipotecas a favor de la compañía por el Juzgado Noveno de lo Mercantil en Jalisco.
3,540 mdd reclama Odyssey Marine Exploration por la cancelación de un proyecto de minería submarina
Uno de los casos más recientes es el iniciado por Espiritu Santo Holdings, LP en contra de México, bajo el Capítulo XI del TLCAN. La demanda quedó registrada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el 11 de mayo de este 2020.
"Actualmente el arbitraje se encuentra en la etapa de constitución del tribunal arbitral que dirimirá la controversia", informó la dependencia, sin precisar el monto del reclamo de la empresa.
Espiritu Santo Holdings, LP argumenta que distintas actuaciones del gobierno mexicano afectaron la inversión que se realizó en la empresa Lusad S. de R. L. de C.V., la cual es concesionaria para la sustitución, instalación y mantenimiento de taxímetros para el transporte público individual de pasajeros para la Ciudad de México (taxi) con sistema de geolocalización y para el desarrollo, operación y explotación de una aplicación móvil para solicitar el servicio de taxi de forma remota en la Ciudad de México.
Además de las demandas de indemnización ya formalizadas, el país ha recibido notificaciones de intención por un monto total de dos mil 300 millones de dólares.
Los tratados de libre comercio y acuerdos de inversión prevén la figura de “notificación de intención de someter una reclamación a arbitraje”, a través de la cual los inversionistas extranjeros avisan a los gobiernos sobre la existencia de presuntas medidas gubernamentales que afectan sus inversiones y que pudieran violar las obligaciones comerciales.
Presentada la notificación de intención, explicó la SE, se abre un periodo de 90 días o seis meses, dependiendo del tratado, para conversar y tratar de solucionar la controversia. Si no hay un acuerdo el inversionista tiene la opción de iniciar un arbitraje internacional.
El monto total entre notificaciones de intención y las demandas de arbitraje activas en contra de México sobrepasa los 11 mil millones de dólares.
Este diario publicó que entre 2019 y lo que va de este año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha pagado 32.3 millones de pesos a abogados para obtener asesorías legales en litigios relacionados con Oceanografía, Oro Negro y Eutelsat, entre otros casos.
“Para presentar una defensa sólida se requiere realizar gastos que son fundamentales en el arbitraje”, dijo la dependencia a este diario.
2,300 mdd suman los reclamos a México de inversionistas que por ahora sólo han notificado su intención
La oficina encargada de la defensa desde la entrada en vigor del TLCAN ha sido la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, conformada por abogados mexicanos altamente capacitados, que son funcionarios públicos de la Secretaría de Economía, y cuentan con experiencia en derecho internacional y arbitraje de inversión.
No obstante, la SE dijo que la defensa del Estado en estos procedimientos no puede estar limitada únicamente a la asesoría legal que proporcionan los abogados de la dependencia por lo que contratan especialistas externos.
Recientemente, el gobierno federal informó que los tribunales arbitrales emitieron un laudo a favor del Estado mexicano en dos demandas, una de Tele Fácil y otra de Vento Motorcycles, en el que prevalecieron los argumentos de México y se determinó que el país no era responsable del pago de ninguna indemnización por daños a los inversionistas.
La Secretaría informó que desde la entrada en vigor del TLCAN se han resuelto 20 casos ante tribunales internacionales. El monto total reclamado en esos arbitrajes concluidos fue de 6.7 mil millones de dólares, de los cuales el gobierno de México solo ha pagado 3.47 por ciento, gracias a la defensa de la SE en colaboración con los servicios de asesoría legal que recibe.
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