Un conflicto del que se habla esporádicamente, pero que sigue vigente desde hace más de un siglo es el que atañe a la delimitación territorial entre Puebla y Tlaxcala. Si bien del lado poblano se asume de forma inherente la propiedad del territorio, el gobierno de San Pablo del Monte argumenta que hasta 300 hectáreas, que incluyen la Central de Abasto, les corresponden por decreto presidencial.
El tema resonó en días pasados cuando se dio a conocer que el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, colocó varias mojoneras en los territorios poblanos de La Resurrección y San Miguel Canoa. Inclusive, el tema llegó a oídos del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien envió un mensaje al alcalde de esa demarcación: “Pobrecito (...) no va a poder con el Estado de Puebla”.
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En contraste, su homóloga tlaxcalteca, Lorena Cuéllar Cisneros, reveló que pidió la instalación de una mesa de diálogo entre el secretario de Gobierno de su entidad, Sergio González Hernández, y su par poblana, Ana Lucía Hill Mayoral, pues confió en la disposición y voluntad entre ambos estados para resolver la disparidad.
Ante ese contexto, los equipos editoriales de El Sol de Puebla y El Sol de Tlaxcala, respectivamente, recabaron las vivencias y sentires de la población que experimenta a diario esta particular dinámica metropolitana, así como autoridades, analistas y profesionales en materia histórica y geopolítica. Esto con el objetivo de conocer las dos realidades y abonar a la generación de acuerdos entre ambos pueblos.
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AL DESPERTAR, DEJÓ DE SER POBLANO
Un día laboral como cualquier otro transcurría para don Miguel Lucas Potrero Torres, oriundo de la junta auxiliar de La Resurrección, Puebla. La cotidianidad se fue cuando abrió su puerta y descubrió que su predio ya no era poblano sino tlaxcalteca. Sorprendido, vio como al menos una decena de personas colocaban a un costado de su terreno, un letrero metálico que decía “Territorio de San Pablo del Monte, Tlaxcala”.
Atónito al ver la escena casi inimaginable, Miguel Lucas, hombre dedicado a la venta de materiales para la construcción, alertó a su hijo pues era su único acompañante; “Nada más éramos yo y mi chavo, los demás eran de Tlaxcala”, dijo el asombrado ciudadano en entrevista.
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Todo ocurrió el pasado viernes 3 de junio al filo de las 11 de la mañana. Aunque el intercambio entre ambos grupos fue pacífico, el hombre preguntó a los funcionarios tlaxcaltecas “¿por qué lo hacían?”. En respuesta, le mostraron un plano antiguo de la zona y le dijeron que estaban dando solución a un conflicto “de hace más de 100 años”.
Sin mayor información, el angustiado hombre replicó esas palabras a las autoridades de La Resurrección, quienes ante la sorpresa, acudieron al llamado “Puente Cuata”, lugar en el que fue colocado el objeto en cuestión.
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No obstante, poco después de ello y ante el desconcierto, más de un centenar de personas se presentó con molestia ante el edificio del gobierno local, reclamando que el lugar “había sido vendido a los tlaxcaltecas”, según relató Adolfo Reyes Pérez Torres, presidente auxiliar de esa demarcación adscrita al municipio de Puebla.
Inclusive, gente como Avelina Mosho, oriunda del lugar, creyó que con la presunta entrega del territorio, festividades como la de San Isidro Labrador dejarían de realizarse, o que sus documentos patrimoniales y de identidad ya no eran válidos.
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“Tengo el orgullo de mi pueblo, aunque somos pobres, me siento orgulloso de mi pueblo, de mi Puebla. Esa es la costumbre que queremos y no queremos que nos vengan a cambiar (...) Nosotros no queremos ser de Tlaxcala”, señaló la mujer a este medio.
Ante esa realidad, el representante popular se enfrentó a lo que él calificó como un “incómodo malentendido” y una crisis “elevada de tono”, pues trascendió rápidamente entre sus gobernados que una parte de La Resurrección había sido supuestamente ofertada a la entidad colindante.
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Para otorgarles la certidumbre que demandaban, Pérez Torres elaboró dos oficios dirigidos: uno al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y otro al alcalde de la capital del estado, Eduardo Rivera Pérez.
ORIGEN DEL CONFLICTO
El argumento del gobierno de San Pablo del Monte, para adjudicarse el territorio que hoy se conoce de jurisdicción poblana, es un decreto emitido hace 123 años, en el que el Congreso de la Unión avaló los límites territoriales entre ambos estados.
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A decir del historiador Arturo Córdova Durana, integrante del Consejo de la Crónica de la ciudad de Puebla, todo empezó en diciembre de 1899 cuando el presidente Porfirio Díaz Mori promovió la división geopolítica entre Puebla y Tlaxcala.
Así, Díaz Mori comandó a su hijo para que fuera el encargado de realizar la cartografía de la división territorial. El problema es que si bien se sabe que el mapa se hizo, el mismo no figura en ninguna publicación oficial, dejando al decreto como única guía. Lo anterior, de acuerdo con el historiador Gilberto Salvador Blas, analista del período del Porfiriato.
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De hecho, hizo hincapié en que la cartografía actual tampoco es clara al respecto, tal es el caso del último mapa en el que se basan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Ellos mencionan que no tienen la facultad de delimitar y simplemente la línea que trazan se ve en el sistema satelital como Google Maps, que muchos toman como referencia absoluta, pero marcan una línea, que no concuerda con el decreto presidencial de 1899 (...) Finalmente la línea que trazan Inegi e INE es ilustrativa e informativa”, sostuvo.
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UNA DECISIÓN UNILATERAL
En 1962, el Congreso de Puebla definió mediante un decreto los límites territoriales de lugares como La Resurrección, San Miguel Canoa, San Sebastián de Aparicio y San Pablo Xochimehuacan. La cuestión, según Gilberto Salvador Blas, es que no se consideró el decreto de 1899 y mucho menos la opinión de los tlaxcaltecas.
El especialista detalló que en ese documento legislativo se mencionó que era necesidad del municipio de Puebla “absorber, [y] convertir ese territorio en juntas auxiliares, debido a la conurbación, [y] por los problemas que iban a tener por el crecimiento como ciudad”.
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Producto de esa determinación, entre 1999 y 2002 se acrecentó el conflicto limítrofe, refirió por su parte el coordinador de Límites Territoriales de la comuna de San Pablo del Monte, Reynaldo Atlatenco Sánchez. Sostuvo que ocurrió debido a la creciente mancha urbana, donde imperaba la carencia de servicios públicos y los problemas hasta para obtener un documento básico como la credencial de elector.
POSICIONES ESCALAN EN PUEBLA
Fue el pasado 7 de junio cuando el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció sobre la colocación de señalética tlaxcalteca en diversas zonas de las juntas auxiliares de La Resurrección, San Miguel Canoa e inclusive San Pablo Xochimehuacan.
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“Primero ponen sus mojoneras y después quieren dialogar. [Es] un territorio donde hay infraestructura, población [y] autoridad del Estado de Puebla, no, de verdad, pobrecito (...) Simple y sencillamente no va a poder con el Estado de Puebla”, fue el mensaje que el mandatario poblano envió al alcalde de esa demarcación tlaxcalteca, Raúl Tomás Juárez Contreras.
También del lado de Puebla, Rivera Pérez se mostró sorprendido por la decisión del gobierno tlaxcalteca de proceder con la colocación de las mojoneras: “Me parece extraña la actitud del municipio de San Pablo del Monte que va y coloca esta señalética en una zona en La Resurrección (...) Vamos a pedirle a los vecinos que esto se resuelva a través del diálogo y de la ley”.
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Es importante mencionar que, para la elaboración de este material, se pidió tanto a la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado de Puebla, como al Ayuntamiento de Puebla, conocer sus respectivas posturas sobre el conflicto, no obstante, se precisó que los pronunciamientos previamente indicados son las declaraciones más actualizadas.
TLAXCALA PIDE MESURA Y COLABORACIÓN
En cambio, de acuerdo con lo dicho por Sergio González Hernández, secretario de Gobierno tlaxcalteca, a esta casa editorial, el acuerdo que se busca entre ambos estados debe resolverse según lo que cada uno conoce de sus territorios.
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“Conozco de este problema, no es sencillo; hay muchas formas de tener una concepción del tema territorial (...) Si permitiera que fueran las autoridades correspondientes, las únicas que resolvieran, lo pudiéramos hacer, pero eso no puede ser, sin el consenso de la población, ahí es donde encontramos muchas diferencias, muchas voces, que en muchas ocasiones no permiten dar salida a esta situación que se vive en esta zona limítrofe”, declaró.
Mencionó que, al empezar el diálogo con el estado vecino, orientan resolver el tema de manera conjunta y con voluntad política, “tratando de llegar a algún acuerdo y si es posible a delimitar”.
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Sostuvo que lo más conveniente es alcanzar una salida pacífica, por lo que adelantó que “vamos a trabajar sin dejar ningún tipo de vacío, que no se permitan acciones que por omisión de cualquiera de los gobiernos no se esté atendiendo; ahí entra el concepto de la zona metropolitana”.
AUTORIDADES DE SPM BUSCAN DIÁLOGO
Quien sí emitió postura fue el gobierno de San Pablo del Monte, en particular su alcalde, Raúl Tomás Juárez Contreras. En entrevista, enfatizó en que “Estamos en la mejor disponibilidad de platicar y acordar (...) y que las autoridades competentes hagan la delimitación''.
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Comentó, ante el señalamiento del alcalde poblano, Rivera Pérez, de que invaden territorio con la colocación de tres mamparas, que no es así “porque el mapa de San Pablo del Monte o del estado de Tlaxcala llega pasando la autopista, entonces estaría en nuestro lado la Central de Abasto y el área de la autopista, aledaña al estadio Cuauhtémoc, así sería la línea divisoria”.
En ese contexto, invitó a su homólogo de Puebla capital a platicar el tema y otros, como el de la seguridad pública, pues insistió en que su municipio es utilizado para delinquir. Agregó que, como autoridad municipal defiende el territorio tlaxcalteca, por lo que aseguró que seguirán “poniendo las mamparas, si es que las quitan”.
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Por su parte, Rodolfo Galindo, presidente de la comunidad de Tlaltepango, Tlaxcala, que se ubica entre los límites de ambos estados, señaló que con el paso de los años a las autoridades de Puebla no les ha interesado dialogar sobre la definición de los límites territoriales.
Añadió que en el gobierno de Mario Marín Torres acordaron que desde El Conde era territorio tlaxcalteca, pero a la fecha no ha sido aplicado.
CONFLICTO ENCARECE SERVICIOS
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Como parte de un recorrido hecho por esta casa editorial a la colonia Santiago de los Leones, específicamente sobre la carretera que conecta a las juntas auxiliares de San Sebastián de Aparicio, La Resurrección y Canoa, se constató que hay desconocimiento sobre la condición geopolítica de la zona.
Personas como Hugo, quien ofrece servicios de mecánica, pagan sus servicios municipales a Puebla. Sin embargo, pasos adelante hay casos como el de Beatriz, quien por el contrario, paga todos sus servicios al gobierno tlaxcalteca.
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Así, a lo largo del perímetro se extiende la incertidumbre sobre cuál es el lugar al que pertenecen. Ahí no importa a quién se le pague, pues la autoridad se olvida de dar servicios públicos en esa zona, basándose en la premisa de que “no son de aquí ni de allá”.
Así lo relató Rosa, vendedora de alimentos, pues durante los 20 años que ha vivido en ese lugar, ha sido testigo del abandono e indiferencia de las autoridades de ambas entidades. Antes el problema era por falta de agua, ahora es la inseguridad, apuntó la mujer a esta casa editorial.
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De acuerdo con Octavio Flores Hidalgo, doctor en Procesos Territoriales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), casos como estos representan no solo un riesgo de ingobernabilidad, sino también una pérdida de recursos tributarios, pues no está claro a quién corresponde la recaudación de impuestos.
UNA SOLUCIÓN
Si bien el último decreto fue emitido hace más de un siglo, su validez persiste. Sin embargo, la solución no puede adjudicarse unilateralmente a esa división, pues la tecnología usada en ese momento era limitada, apuntó Flores Hidalgo, quien también es académico investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep),
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Añadió que existe la posibilidad de que el gobierno municipal de San Pablo del Monte tenga razón en su planteamiento, sin embargo, admitió que no es tan sencillo definirlo.
Actualmente, sería poco viable y hasta irresponsable sostener el argumento del decreto de 1899 por sí solo. Esto debido a que las herramientas técnicas actuales son más avanzadas a las que se tenían antes.
“Es muy importante (...) que se haga una revisión a partir de ese decreto (...) con apoyo de una controversia constitucional para que se vuelva a hacer este convenio entre los dos estados y se delimiten con la tecnología que tenemos de manera adecuada”, propuso.
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Refirió que quienes tienen la obligación de brindar una solución política y pacífica son los gobiernos municipales de Puebla y San Pablo del Monte. Idealmente, ambos tendrían que llegar a un acuerdo y posteriormente enviarlo a sus respectivos congresos locales para confirmar el tratado, sin embargo, hay otra opción: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El académico sostiene que, una de las formas de ofrecer una solución viable es mediante el tribunal supremo mexicano. En Derecho, el recurso apto para esta situación se conoce como controversia constitucional. Esto implica que la autoridad judicial someta a verificación un estatuto, en este caso el decreto de 1899, con el objetivo de ratificar su contenido en el contexto actual.
En otras palabras, el conflicto sería arbitrado y desahogado por la SCJN. Idealmente, los ministros federales tendrían que convocar a un nuevo procedimiento de delimitación territorial con base al documento signado por Díaz Mori.
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Para llevarlo a cabo, se requiere la conformación de un grupo interdisciplinario representado por historiadores, cartógrafos, peritos, entre otros, los cuales deben estar coordinados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal.
Al respecto, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros declaró en días pasados a este diario que el asunto ya estaba siendo atendido por la SCJN, no obstante, Salvador Blas, historiador, se mostró dudoso ante esta afirmación.
“Si la gobernadora menciona que el asunto está en la [SCJN], ignoramos este paso, se celebra si es así, porque eso otorgaría la prontitud, el inicio de pasos firmes para confirmar y ratificar la línea divisoria, mediante lectura y recorrido del Congreso, y mediante técnicas de posicionamiento satelital”, acotó.
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Subrayó que el conflicto tiene dos vertientes: la resolución política o la legal: “Veo esas dos vías de concertación, ambas inherentes que van de la mano”.
Dijo que la primera, la visualiza con probabilidad, mediante la posición del gobierno federal y ambos estados estatales al ser miembros del mismo partido político, “una mayor fluidez para resolver este tipo de asuntos, que afectan a la población”.
Finalmente, vale la pena insistir en que todas las fuentes especialistas en el tema histórico y geopolítico, coincidieron en que la solución más viable debe darse por la vía política, pues la dinámica metropolitana, principalmente la limítrofe, tiene características de vida que nutre la interacción entre ambos pueblos.
DATO:
El argumento del gobierno de San Pablo del Monte, para adjudicarse el territorio que hoy se conoce de jurisdicción poblana, es un decreto emitido hace 123 años, en el que el Congreso de la Unión avaló los límites territoriales entre ambos estados.
Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla
Primero ponen sus mojoneras y después quieren dialogar. [Es] un territorio donde hay infraestructura, población [y] autoridad del Estado de Puebla, no, de verdad, pobrecito (...) Simple y sencillamente no va a poder con el Estado de Puebla”
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300 HECTÁREAS, argumenta el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, que le corresponden, las cuales incluyen la Central de Abasto, les corresponden por decreto presidencial.
DECRETOS
En 1962, el Congreso de Puebla definió mediante un decreto los límites territoriales de lugares como La Resurrección, San Miguel Canoa, San Sebastián de Aparicio y San Pablo Xochimehuacan. La cuestión, según Gilberto Salvador Blas, es que no se consideró el decreto de 1899 y mucho menos la opinión de los tlaxcaltecas.
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EL APUNTE
A lo largo del perímetro se extiende la incertidumbre sobre cuál es el lugar al que pertenecen. Ahí no importa a quién se le pague, pues la autoridad se olvida de dar servicios públicos en esa zona, basándose en la premisa de que “no son de aquí ni de allá”.
Con información de Daniel Cruz Cortés | El Sol de Puebla
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