En 2022 fue concretado el plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria, proceso que integra capacitaciones para que los docentes se familiaricen con la nueva forma de trabajo, pero su operación implicó mayor carga laboral.
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La operación del marco curricular comenzó en el ciclo escolar 2023-2024, lo cual significó un cambio respecto al modelo anterior. Por ello, los profesores evidenciaron mayor carga laboral debido a que cumplen con su función frente al aula y con actividades administrativas.
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De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la creación del plan de estudios da cumplimiento al carácter incluyente y participativo, tal como dispone el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que participaron titulares y docentes de las 32 entidades federativas.
Para la conformación fueron integrados los pueblos indígenas y afromexicanos, pues una idea central fue promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural del país.
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El modelo tiene una estructura con cuatro elementos: la integración curricular expresada en los campos formativos; autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de los programas de estudio con la realidad social territorial; la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje; así como el derecho humano a la educación.
Por lo tanto, en las actividades que desempeñan los alumnos son caracterizadas con el entorno y comunidades de sus viviendas, además de que integran a las familias para concretar los proyectos solicitados.
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Según la SEP, el diseño de los programas de estudio cuenta con un proceso de formación-apropiación que debe ser permanente para atender el entorno regional, local, contextual y situación del proceso de enseñanza-aprendizaje a cargo de los profesores, quienes deben estar en constante capacitación.
No obstante, la SEP determina que los procesos de educación preescolar, primaria y secundaria fortalecen estrategias nacionales vigentes, pero también proponen nuevas para responder a las necesidades actuales, principalmente las que generó la pandemia.
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Algunas de las estrategias son para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas y afroamericana; educación inclusiva; educación multigrado; atención a infantes y adolescentes en situación de migración interna y externa.
Otros aspectos de atención son: fortalecer las escuelas como parte del tejido comunitario en contextos urbanos; perspectiva de género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso; así como lectura.
En el rubro administrativo y de gestión implica que la viabilidad operativa de la propuesta curricular, formación docente, codiseño curricular y la operación de estrategias nacionales y su articulación con los procesos formativos de nivel básico tienen un peso significativo.
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Por lo tanto, pretenden fortalecer la capacidad de las instituciones educativas del Estado para construir un proyecto educativo en las escuelas, involucrarse en los Consejos Técnicos para que los trabajadores de la educación efectúen sus tareas considerando la desigualdad y los contextos diferentes que atraviesa el país.
Lo anterior para lograr hacer efectivo el derecho humano a la educación de los educandos de preescolar, primaria y secundaria, lo cual involucró adecuaciones administrativas, normativas y de gestión para que los docentes ocupen sus tiempos y espacios en actividades de enseñanza, formación, trabajo colegiado, planeación y evaluación.