En 2016, en el "Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2016", la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió al gobierno de Tlaxcala que las internas del Anexo Femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco corrían riesgos en su integridad física, debido a que detectó deficiencias en “los aspectos que garantizan la integridad de las reclusas”.

Por ello, el organismo recomendó a las autoridades locales responsables del Cereso prestar atención a los aspectos de la integridad personal de las internas, mejorar las “condiciones de gobernabilidad” por encontrar insuficiencia del personal de seguridad y custodia, y atender requerimientos específicos.

El 21 de marzo pasado en el Anexo Femenil de Apizaco, que tiene una capacidad para alojar a 82 mujeres, Elisa N. atentó contra su propia integridad física y se suicidó al interior de su celda.

La mujer fue la niñera recluida un día antes en ese lugar tras haber sido señalada de presuntamente haber agredido a dos menores de edad de Yauhquemehcan.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el cuerpo de Elisa N. fue hallado en la estancia número uno del área de resguardo sin huellas de violencia, con un trozo de tela alrededor del cuello y que fue atado a un tubo de la cama que estaba en su celda.

Así, con 7.12 de calificación en el ámbito nacional por las observaciones encontradas por la CNDH, Tlaxcala se colocó en color amarillo nacional y se sumó a las 20 entidades del país que también formaron parte de este nivel por contar con puntos de atender dentro de los centros penitenciarios para mejorar su funcionamiento y mejor atención en los internos.

Por otra parte, el diagnóstico de la CNDH encontró -de manera general- en la entidad tlaxcalteca atención apropiada en la distribución de personas privadas de la libertad, la separación entre hombres y mujeres, condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad (ingreso y dormitorios). También higiene de la cocina y comedores.

Además, en alimentación, ausencia de cobros (extorsión y sobornos), capacitación del personal penitenciario, integración del expediente técnico-jurídico de cada persona privada de la libertad, entre otras más como la atención a personas privadas de la libertad que viven con VIH/SIDA.

Diagnóstico

A través de la valoración efectuada a instituciones de reclusión federales, estatales y municipales se elaboró el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anualmente, tomando como base la normatividad nacional e internacional en la materia, que les confiere a las autoridades la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en reclusión.

A través de la valoración efectuada a instituciones de reclusión federales, estatales y municipales se elaboró el presente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anualmente, tomando como base la normatividad nacional e internacional en la materia, que les confiere a las autoridades la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en reclusión.

Durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas:

Aspectos que garantizan la integridad personal del interno:

Insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

Prevención de violaciones a derechos humanos y la atención en caso de detección.

Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

Condiciones de gobernabilidad:

Normatividad que rige al Centro (reglamento, manual de procedimientos y difusión de los mismos).

Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.

Deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias.

Reinserción social del interno:

Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.

Grupos de internos con requerimientos específicos:

Atención a personas adultas mayores.

Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.