En el plazo que marca la ley, el Órgano de Fiscalización Superior entregará el próximo lunes 15 de julio los informes de resultados de la fiscalización de las cuentas públicas de los entes fiscalizables correspondientes al ejercicio 2023.
De no existir cambios de última hora, el próximo 15 de julio el auditor superior, Arturo Salas Miguela, en compañía de su equipo técnico, acudirá al recinto legislativo para entregar la documentación a los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, así como al presidente de la Comisión Permanente.
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De igual forma, rendirá un informe general sobre el estado que guardan las cuentas públicas de los poderes, organismos autónomos y demás dependencias del Estado sujetas a fiscalización por parte del Órgano.
Una vez realizado dicho acto, los legisladores locales comenzarán con la elaboración de los dictámenes, los cuales contendrán únicamente una síntesis de las cuentas, tal y como lo aprobó la Comisión Permanente en sesión de hace algunos días. Ayer 11 de julio la Comisión de Finanzas y Fiscalización aprobará los lineamientos para dictaminar las cuentas públicas, proceso que debe quedar listo antes de que los informes sean entregados para evitar suspicacias.
De acuerdo con los integrantes de ese organismo interno del Congreso local, su prioridad es que sean respetados los informes presentados por el OFS y, en consecuencia, las cuentas sean calificadas con un mínimo de 7 para aprobar sus estados financieros.
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De acuerdo con fuentes cercanas a este Diario, serán más de una decena de cuentas públicas las reprobadas en esta ocasión, de las cuales serán los municipios lo únicos culpables, pues en el tercer año en el que corre de su administración no respetaron las bases de la auditoría del OFS. En la dictaminación de cuentas de 2022, realizada en agosto del año pasado, de manera general fueron 16 municipios los que tuvieron sentido negativo, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatelco y la Universidad Politécnica de Tlaxcala.
Asimismo, dentro de las comunas que reprobaron su cuenta pública fueron, entre otras, San Pablo del Monte, pues registró un probable daño patrimonial de 13.9 % sobre el gasto devengado. es decir, 24 millones 393 mil 715 pesos; Santa Isabel Xiloxoxtla, que contó con un 23.9 % de probable daño patrimonial, lo cual asciende a ocho millones 46 mil 221 pesos.
Por su parte, Tepeyanco tuvo un probable daño patrimonial por 13 millones 434 mil 493; además, Tetlatlahuca presentó un probable desfalco de siete millones 486 mil 966 pesos y también el municipio capitalino, que tuvo un probable daño patrimonial por 13 millones 906 mil 14 pesos, entre otras anomalías.
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En su momento, el entonces presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Jaciel González Herrera, destacó el trabajo del Legislativo para dictaminar las cuentas bajo un proceso transparente, al tiempo que instó a la presidenta de la Comisión Permanente a implementar una sanción para el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes por haber denostado ese proceso y haber pretendido interceder para modificar el dictamen negativo de la cuenta de su hermano, el alcalde de Texoloc, Arturo Covarrubias Cervantes.
El Congreso del Estado prevé culminar la dictaminación de las cuentas públicas antes de que concluya agosto.