La seguridad pública de San Martín Xaltocan, municipio que se quedó sin cuerpo policial, es responsabilidad del acalde, sostuvo Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob).
En entrevista, el funcionario estatal aclaró que por ley el presidente municipal tiene la función y la obligación de brindar la seguridad a sus gobernados, y que aunque la administración estatal no asume esa responsabilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí esta atenta y vigilante de la ciudadanía de Xaltocan.
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Por otro lado, aseveró que habrá una investigación y seguimiento legal para ubicar a las personas responsables de vandalizar las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de quemar los vehículos oficiales, pero resaltó que el ayuntamiento es el encargado de denunciar.
Además, hoy como nunca, en todos los sucesos que se dan de este carácter hay infinidad de videos, la ciudadanía se encarga de aportar las pruebas, y nosotros esperamos que haya la denuncia para que haya una actuación.
Sin embargo, aclaró que si el ayuntamiento de Xaltocan no denuncia esos actos, incurre en omisión y no habrá responsables por la pérdida de patrullas y de los daños a la comandancia, además de que dijo que serán las autoridades municipales las encargadas de recuperar ese patrimonio.
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Con relación a la autopsia realizada a Quirino N. quien falleció en los separos de Xaltocan, después de ser detenido por elementos municipales el pasado domingo, indicó que en los términos jurídicos no debe haber desconfianza de la ciudadanía, puesto que la necropsia que reveló muerte a causa de un infarto fue hecha tal como los marcan los procedimientos.
Explicó que la necropsia señala que fue un infarto, pero que las causas de esa afección no fueron determinadas, pero aseguró que el proceso fue el establecido por la ley y que incluso fue grabada para dar testimonio fiel a su realización, eso en presencia de un legista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Finalmente, adelantó que está por emitirse el dictamen correspondiente del deceso de Quirino N. (quien murió en los separos) por parte de legistas externos a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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