Sin mayores problemas, este día en el Congreso local fue aprobada la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala.
Tal como lo habían anunciado en días pasados, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Laura Yamili Flores Lozano, pidió reservar y analizar los artículos 25, 35, 46, 70, 75 y 76 del dictamen, al considerar que le otorga al titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) un mayor número de atribuciones, pero su propuesta no prosperó al tener solo el respaldo de 10 de sus homólogos.
Previo a la aprobación, la legisladora perredista detalló que con esa nueva norma el OFS podrá hacer revisiones y emitir hasta cuatro pliegos de observaciones de manera trimestral durante el ejercicio fiscal en curso, y un pliego anual, algo que dijo son actividades que son propias de los Órganos Internos de Control.
Eso además de que con esa ley, dijo, el Congreso local renuncia a una de la principales atribuciones que la Constitución General de la República y la del estado le confieren, que es la de revisar y auditar la correcta aplicación de los recursos públicos que se ejercen en los tres Poderes del estado, en los 60 municipios y en los organismos autónomos.
Y pasa a convertirse en una simple oficialía de partes en todo el procedimiento de fiscalización de la cuenta pública, pues ahora el poder de decisión en todo el proceso de revisión de la cuenta pública, lo tendrá el OFS, explicó.
Sin embargo, la nueva ley fue aprobada por mayoría de votos y una vez que sea publicada en el Periódico oficial sustituirá a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que data del 10 de noviembre de 2008.
En la lectura del dictamen, las Comisiones de Asuntos Municipales, la de Finanzas y Fiscalización y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, argumentaron que la nueva ley busca establecer las bases, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno, en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, en aras de eficientar el ejercicio gubernamental.
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