Pese a que no hay quejas formales de la población penitenciaria respecto a la violación de sus derechos humanos en Tlaxcala, las personas privadas de la libertad padecen de una tardía justicia al interior de los Centros de Reinserción Social (Cereso) en la entidad.
Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aseveró que la población penitenciaria externó que no tiene un debido acceso a la justicia porque los procedimientos tardan más del tiempo previsto y carecen de contacto con su defensor.
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Precisó que fue en un acercamiento con este sector de la población realizada al interior de los Ceresos del estado, que conocieron de viva voz sus inquietudes, aunque no aseguró que se tratan de violaciones a los derechos humanos, sí podrían ser afectados en su dignidad.
Además, dijo que el área más vulnerable son las personas inimputables o que tienen algún padecimiento intelectual para ser considerados clínicamente pacientes psiquiátricos, quienes cuentan con la atención médica y se encuentran en un área específica, pero no reciben la atención especializada que brinda un hospital.
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Otros internos manifestaron no tener contacto con sus familiares debido a que cambiaron número telefónico o domicilio y perdieron lazos familiares.
Por lo tanto, precisó que velarán para que los derechos humanos sean respetados mediante análisis jurídico y social para identificar el problema de cada caso y saber qué tipo de ayuda requieren, brindar acompañamiento físico o a distancia, dar seguimiento a los servicios que pueden demandar y observar que la autoridad cumpla con su obligación de brindar las atenciones mandatadas en la ley.
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Las visitas dela CEDH fueron en el Cereso varonil y femenil en Apizaco, Cereso de Tlaxcala y en el Centro de Internamiento de la Coordinación Estatal de Medidas para Adolescentes, donde fueron escuchadas 136 personas internas que solicitaron algún tipo de apoyo de manera voluntaria.
- La atención que requirió la población penitenciaria fue jurídica, de ahí que 110 peticiones fueron turnadas a las Visitadurías de Tlaxcala y Apizaco para dar seguimiento. Además, 10 casos requirieron apoyo médico y 16 personas necesitaron la intervención del área de trabajo social.
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