/ martes 13 de marzo de 2018

Busca Congreso local destrabar situación jurídica de Bernal Salazar

En cumplimiento a lo mandatado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en febrero pasado que pidió su reevaluación

Por cuarta ocasión en menos de un año, este martes los diputados locales deberán reevaluar a Fernando Bernal Salazar como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, durante los cinco años, ocho meses y 28 días que estuvo en el puesto.

Lo anterior, para dar cumplimiento al mandato del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Puebla, que le solicitó a los integrantes de la LXII Legislatura local dejar “insubsistentes” los acuerdos de noviembre y diciembre de 2017, en los que determinaron no ratificarlo.

Por eso, en la sesión ordinaria de hoy, la Comisión Especial encargada del tema, encabezada por el diputado Arnulfo Arévalo Lara, dará lectura al dictamen que pondrán a consideración del pleno, quien decidirá si Bernal Salazar es ratificado o no en el cargo de magistrado de la Sala Civil-Familiar.

Esta será la cuarta ocasión que la LXII Legislatura local reevalúa al jurista.

En la primera ocasión no hubo consenso para destrabar el caso y notificaron a la autoridad federal un empate.

En la segunda ocasión la situación siguió atorada, pues a pesar de que en la lectura del proyecto fue integrado un voto con dictamen de minoría, tampoco hubo afinidad entre por lo menos 17 diputados, el porcentaje requerido.

La tercera ocasión fue en diciembre pasado, cuando sí existió consenso para determinar su no ratificación.

Sin embargo, los primeros días de febrero de este año la justicia federal le pidió a los diputados hacer nuevo análisis de la función, desempeño, productividad y conducta de Bernal Salazar como magistrado, que, explicó, deberá ajustarse a los criterios regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la “ratificación o reelección de funcionarios judiciales”.

La resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, explica que “no se advierte” en las resoluciones del Legislativo, que se aprobaron en los últimos dos meses del año pasado, que los 25 legisladores hayan tomado en cuenta “el currículo” de Bernal Salazar, razón por la que se declaran infundados los acuerdos parlamentarios del 15 de noviembre y 11 de diciembre de 2017.

Por cuarta ocasión en menos de un año, este martes los diputados locales deberán reevaluar a Fernando Bernal Salazar como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, durante los cinco años, ocho meses y 28 días que estuvo en el puesto.

Lo anterior, para dar cumplimiento al mandato del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Puebla, que le solicitó a los integrantes de la LXII Legislatura local dejar “insubsistentes” los acuerdos de noviembre y diciembre de 2017, en los que determinaron no ratificarlo.

Por eso, en la sesión ordinaria de hoy, la Comisión Especial encargada del tema, encabezada por el diputado Arnulfo Arévalo Lara, dará lectura al dictamen que pondrán a consideración del pleno, quien decidirá si Bernal Salazar es ratificado o no en el cargo de magistrado de la Sala Civil-Familiar.

Esta será la cuarta ocasión que la LXII Legislatura local reevalúa al jurista.

En la primera ocasión no hubo consenso para destrabar el caso y notificaron a la autoridad federal un empate.

En la segunda ocasión la situación siguió atorada, pues a pesar de que en la lectura del proyecto fue integrado un voto con dictamen de minoría, tampoco hubo afinidad entre por lo menos 17 diputados, el porcentaje requerido.

La tercera ocasión fue en diciembre pasado, cuando sí existió consenso para determinar su no ratificación.

Sin embargo, los primeros días de febrero de este año la justicia federal le pidió a los diputados hacer nuevo análisis de la función, desempeño, productividad y conducta de Bernal Salazar como magistrado, que, explicó, deberá ajustarse a los criterios regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la “ratificación o reelección de funcionarios judiciales”.

La resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, explica que “no se advierte” en las resoluciones del Legislativo, que se aprobaron en los últimos dos meses del año pasado, que los 25 legisladores hayan tomado en cuenta “el currículo” de Bernal Salazar, razón por la que se declaran infundados los acuerdos parlamentarios del 15 de noviembre y 11 de diciembre de 2017.

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