Al no estar contemplado en las legislaciones federal ni estatal, la diputada Anel Martínez Pérez buscará que el acecho sea tipificado como un delito autónomo, esto a través de diversas reformas y adiciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala.
En su momento, la legisladora aseveró que esta iniciativa está motivada en la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, al argumentar que esta conducta no se limita a los aspectos sexuales relacionados con el acoso y el hostigamiento.
➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo
Puntualizó que tampoco puede reducirse en el tipo penal de amenazas, pues el acecho genera en las víctimas un estado de zozobra e incertidumbre que afecta su vida cotidiana, de ahí la necesidad de seguir los pasos de otras entidades que ya lo aplican.
En este sentido, citó casos de Guanajuato, Coahuila y Tamaulipas, donde el acecho ya es sancionado con penas privativas de la libertad y multas, es por eso que busca que en la entidad también se replique este criterio.
Por ello, busca incorporar esa figura jurídica en el marco normativo estatal como un delito autónomo y diferenciado; y un tipo de violencia contra las mujeres, con el objetivo de visibilizar, prevenir y sancionar esta conducta.
No dejes de leer: ➡️ Apoya Lorena Cuéllar “mentes creativas”, del Conalep
ES IMPORTANTE SABER
Comete el delito de acecho, quien repetidamente siga, vigile o intente comunicarse persistentemente con alguien en contra de su voluntad, sin manifestar un propósito erótico o sexual, que causaría que una persona razonable sienta miedo o temor, de ahí que se impondrá de uno a dos años de prisión y multa de 500 a mil unidades de medida y actualización a quien aceche a una persona de manera insistente y reiterada.
➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
EL APUNTE
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictaminación.