Por segunda ocasión, pero en diferente legislatura y por distinta diputada, en el Congreso del Estado fue presentada la iniciativa para despenalizar el “peligro de contagio”, pues de acuerdo con la comunidad LGBT, esta determinación vulnera los derechos humanos de las personas que padecen del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
En este sentido, la legisladora de Redes Sociales Progresistas, Aurora Villeda Temoltzin, expuso que en el estado existe un alto índice de discriminación hacia la comunidad LGBT y las personas que viven con el referido virus y, a pesar de los avances legislativos, aún persisten actitudes y prácticas discriminatorias en diversos ámbitos, pues la sociedad tlaxcalteca, como muchas otras, mantiene prejuicios arraigados sobre la orientación sexual y la identidad de género. Esta propuesta, señaló, se fundamenta en los principios esenciales de los derechos humanos, la dignidad de las personas y el derecho a no ser discriminado, así como en el análisis de las obligaciones del Estado mexicano en virtud de los tratados internacionales.
➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo
La penalización de ciertas conductas en materia de salud y las disposiciones que vinculan el estado de salud con la disolución matrimonial, agregó, deben ser revisadas a la luz de los avances en la protección de los derechos fundamentales, de ahí que la derogación del artículo 302 del Código Penal del Estado de Tlaxcala se justifica desde un enfoque centrado en la protección de los derechos humanos.
Cabe señalar que dicha iniciativa fue presentada durante la LXIV Legislatura, justo en diciembre de 2023, la cual estuvo liderada por la exdiputada local y ahora presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez, pero no tuvo eco entre los diputados.
No te pierdas: ➡️ Prejuicio y estigma, los estragos más profundos del VIH
Por lo anterior, la propuesta se basa en la protección de los derechos humanos, la no discriminación y la dignidad humana, así como la no criminalización de conductas relacionadas con la salud, pues son contrarias a los principios consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México.
A la sesión del Congreso acudieron miembros de la comunidad LGBT, que fueron los impulsores de dicha disposición para exigir que sea aprobada.