Los exdirigentes y empleados de base cesados y expulsados del Sindicato “7 de Mayo”, Pedro Erazo Rivera y Guadalupe Rodríguez Guzmán, solicitaron al Congreso local que intervenga para que logren recuperar sus derechos políticos.
Mediante oficio, quienes se acreditaron como miembros del sindicato de burócratas pidieron la intervención del Legislativo para la solución inmediata de su conflicto con quien fuera su colaborador y hoy líder, Edgar Tlapale Ramírez.
En el documento, el grupo Erazo-Rodríguez acusó que por razones que desconocen el Gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, no ha intervenido para ofrecer solución “a pesar de que él tiene la autoridad para terminar con el problema”.
Alegaron que el conflicto “no fue de tipo laboral, sino un problema político motivado por el entonces mandatario Mariano González Zarur, quién buscaba tener bajo su control al sindicato y en contubernio con Edgar Tlapale Ramírez fuimos desalojados violentamente por la fuerza pública”.
Por esa razón, consideraron que el problema debe resolverse de la misma forma, es decir políticamente, por lo que nuevamente pidieron la intervención de la agonizante legislatura.
En primer término, exigieron que el gobierno estatal ordene su reinstalación, además solicitan que los suspendidos y expulsados de sus derechos sindicales se les restituya y que el mandatario estatal autorice mediante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado la celebración de una asamblea extraordinaria “y sean los trabajadores los que tomen las decisiones y los acuerdos que le convenga a la organización”.
La LXII legislatura, a través de la Comisión Permanente, solicitó que el documento fuera turnado a la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad y Previsión Social para su atención.
EL DATO
- Los quejosos nombraron como representante para recibir todo tipo de información a Esteban Pedro Erazo Rivera.
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