En busca de prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción, promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos, mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes procesos de las instituciones gubernamentales, el grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) planteó una serie de reformas y adiciones a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala para dotar de mayores atribuciones a los Órganos Internos de Control.
De acuerdo con la lectura realizada por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, la administración pública municipal debe disponer de un aparato administrativo dotado de recursos técnicos, humanos, financieros y materiales para ejercer adecuadamente sus atribuciones y hacer frente a la creciente demanda de obras, servicios públicos y asistencia social, así como a la oportuna administración y manejo de sus recursos.
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Por tal motivo, indicó que deben analizarse las atribuciones que otorgan las leyes a los ayuntamientos, para determinar las estructuras obligatorias y las que se requieran crear para mejorar su desempeño.
De esta forma, Caballero Yonca planteó que es importante contar con mecanismos de control y vigilancia que garanticen certeza en los procesos de las administraciones, de ahí que el control interno es un proceso que contribuye a que el funcionamiento de las instituciones públicas se apegue a la misión y objetivos estratégicos establecidos, por lo que fue creado con la finalidad de prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción, así como promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos.
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Para ello, expuso que el Órgano Interno vigilará que los servidores municipales encargados del manejo de fondos públicos se conduzcan con probidad, honradez, además de que deberá vigilar lo establecido y presentar informes semestrales al cabildo sobre el cumplimiento de estas disposiciones, así como promover las responsabilidades en el ámbito de su competencia.
El Órgano Interno de Control tendrá autonomía técnica y administrativa, pues su objeto es la prevención, corrección e investigación de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.
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