Al disertar la ponencia “Usucapión o Prescripción Positiva a Nivel Nacional”, el jurista y experimentado abogado del Estado de México, Salvador Agustín Nasta Ripoll, informó que en México, según datos oficiales, solo el 30 % de los mexicanos que ocupan una vivienda cuentan con el título de propiedad.
En el teatro Xicohténcatl, sede del "Primer Foro Interdisciplinario de Derecho", el especialista lamentó que en México no sea respetado el artículo cuarto constitucional que establece que todas las familias mexicanas deben tener una vivienda digna y decorosa, pues explicó que aunque la poseen, no cuentan con la escritura que lo asegura.
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Ante los asistentes, Nasta Ripoll habló de la usucapión, conocida en todos los estados del país como la figura de prescripción -positiva o adquisitiva-, que es una forma de adquirir derechos patrimoniales o de un bien, poseyéndolo por el tiempo y observando las modalidades y los requisitos que la ley establece.
Detalló que las carencias de las escrituras se deben a diversos factores, como una falta de regularización de las autoridades municipales y estatales a los fraccionadores, que por ambición venden casas sin antes escriturar; a una falta de cultura de las personas; porque la regulación en los estados no reconoce la prescripción adquisitiva como medio para obtener la legalidad de sus propiedades.
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A eso sumo los asentamientos irregulares en propiedades privadas que, como en el caso del Estado de México, fraccionan sin permiso o por el crecimiento desordenado de ejidos, pues ante la falta de apoyos al sector agrario surge la necesidad de fraccionar, sin permiso y sin cambiar el régimen a propiedad privada.
Por ello, el abogado habló de la urgente necesidad de reformar las leyes estatales y federales para convencer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno de que todas las familias, por muy pobres que sean, tienen derecho a tener un documento público que garantice su patrimonio, sobre todo después de tanta lucha que han hecho para conseguirlo.
Al hablar de la legislación insuficiente, propuso la creación del notario social que sustituya al público y que realmente brinde el apoyo a las personas en la obtención de su escritura pública, así como de la creación de juzgados especializados en juicios de usucapión (como pasa en el Estado de México) para que las personas puedan obtener su documento.
Propuesto también que los registros públicos de la propiedad bajen sus costos ya que el estado mexicano es complejo en su economía y las principales afectaciones son en contra de las personas más vulnerables, quienes carecen de una escritura pública.
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Entre otras cosas planteó que los gobiernos de los estados, apoyados por sus legislativos, podrían reformar las leyes para adecuar la regularización de la vivienda ocupada por ciudadanos y previo barrido para expropiar y regularizar.
Además, para que los gobiernos municipales y sus cabildos puedan determinar la regularización a través de la expropiación y que el gobierno federal, a través de la Cámara de Diputados y la de Senadores, sea el gran rector de titular y escriturar a los poseedores de vivienda social y media.
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