/ jueves 12 de abril de 2018

Combatir prejuicios, reto para garantizar derechos de personas con discapacidad

CONSIDERA JAVIER CARRASCO

Los prejuicios sociales son el reto que el Sistema Penal Acusatorio debe combatir para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, planteó el director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C., Javier Carrasco Solís quien visitó el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Ayer, al dictar la conferencia “Derechos humanos de personas con discapacidad, ajustes razonables que se requieren en el Sistema Penal Acusatorio”, señaló que los mitos sobre esta población vulnerable es que mienten y tienen límites en su percepción, situación que dificulta el respeto y su dignidad.

Ante el presidente del TSJE, Héctor Maldonado, magistrados y jueces de sala, el especialista expuso la importancia de hacer planes para que los juicios y procesos aseguren el respeto de las garantías, fomenten su inclusión y estén apegados a lo que marcan las normas, para no perjudicar a este sector de la sociedad.

Opinó que esas estrategias favorecerán a los imputados de algún delito, víctimas y testigos, de lo contrario se origina discriminación, pues admitió que aún existe falta de sensibilización de policías, peritos, Ministerios Públicos, defensas, jueces, entre otros, de ahí que la meta es capacitar para proteger los derechos humanos de discapacitados.

“Podemos tener una persona con discapacidad visual, puede escuchar y sentir, o una con discapacidad auditiva y oral, a veces le restamos credibilidad porque pueden manipularse y mentirle al Tribunal y si hablamos de los espacios, ese es otro ambiente”, apuntó.

Asimismo, consideró que se requieren de jueces moderados para garantizar las garantías individuales de la población con discapacidad que tengan que asistir a audiencias, inclusive algunos deberán contar con intérpretes en los casos donde tengan de leer documentos en idiomas diferentes al suyo.

Refirió que hoy en día existen los lineamientos de la Convención sobre derechos de personas con discapacidad y sus protocolos facultativos 2007 y otros que sirven de base para aplicar la ley.

Durante su conferencia, aprovechó describir que la discapacidad es la deficiencia funcional permanente o temporal, de nacimiento o por otras circunstancias como accidentes, por lo tanto existen discapacidades psicosociales, físicas e intelectuales.

  • EL DATO

Javier Carrasco, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C., es doctor certificado en derecho internacional y derechos humanos.

Los prejuicios sociales son el reto que el Sistema Penal Acusatorio debe combatir para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, planteó el director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C., Javier Carrasco Solís quien visitó el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Ayer, al dictar la conferencia “Derechos humanos de personas con discapacidad, ajustes razonables que se requieren en el Sistema Penal Acusatorio”, señaló que los mitos sobre esta población vulnerable es que mienten y tienen límites en su percepción, situación que dificulta el respeto y su dignidad.

Ante el presidente del TSJE, Héctor Maldonado, magistrados y jueces de sala, el especialista expuso la importancia de hacer planes para que los juicios y procesos aseguren el respeto de las garantías, fomenten su inclusión y estén apegados a lo que marcan las normas, para no perjudicar a este sector de la sociedad.

Opinó que esas estrategias favorecerán a los imputados de algún delito, víctimas y testigos, de lo contrario se origina discriminación, pues admitió que aún existe falta de sensibilización de policías, peritos, Ministerios Públicos, defensas, jueces, entre otros, de ahí que la meta es capacitar para proteger los derechos humanos de discapacitados.

“Podemos tener una persona con discapacidad visual, puede escuchar y sentir, o una con discapacidad auditiva y oral, a veces le restamos credibilidad porque pueden manipularse y mentirle al Tribunal y si hablamos de los espacios, ese es otro ambiente”, apuntó.

Asimismo, consideró que se requieren de jueces moderados para garantizar las garantías individuales de la población con discapacidad que tengan que asistir a audiencias, inclusive algunos deberán contar con intérpretes en los casos donde tengan de leer documentos en idiomas diferentes al suyo.

Refirió que hoy en día existen los lineamientos de la Convención sobre derechos de personas con discapacidad y sus protocolos facultativos 2007 y otros que sirven de base para aplicar la ley.

Durante su conferencia, aprovechó describir que la discapacidad es la deficiencia funcional permanente o temporal, de nacimiento o por otras circunstancias como accidentes, por lo tanto existen discapacidades psicosociales, físicas e intelectuales.

  • EL DATO

Javier Carrasco, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C., es doctor certificado en derecho internacional y derechos humanos.

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