Las tres regiones en Tlaxcala donde tendrá presencia la Guardia Nacional son, hasta el momento, competentes para reforzar los esquemas de seguridad, respaldó el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro.
Esta semana, el Congreso de la Unión aprobó las leyes secundarias que garantizan que será de corte civil y no militar, de tal forma que el cuerpo de seguridad estará integrado por civiles o militares que contarán con el Certificado Único Policial y controles de confianza obligatorios.
En abril, este Diario informó que el subdelegado regional de la zona tres del gobierno federal, Jorge Atristain San Germán, refirió que a cada región (Tlaxcala, Apizaco y Zacatelco) llegarán entre 300 a 500 elementos.
Ayer, en entrevista, el encargado de la política interna del estado señaló que el proyecto de las tres regiones donde actuará la Guardia Nacional todavía podrá ser definido, de acuerdo con la estrategia de seguridad, aunque dijo desconocer el número de elementos que arribarán.
Necesitamos verificar si los lugares en donde se pongan estos destacamentos de la Guardia Nacional son estratégicos para combatir los índices delictivos, partiendo de ello estaremos en condiciones de verificar si hay reordenación, si se requiere de mayor personal, pero insisto es un tema de coordinación, enfatizó.
Sin precisar cifras, indicó escuetamente que el gobierno ayudará en los inmuebles que ocupará el cuerpo de seguridad para su trabajo, pero recalcó que tienen la rectoría en el tema.
Luego, el titular de la Segob enfatizó que el reto es mejorar la percepción ciudadana en el contexto de seguridad, pues lo que quieren es sentirse seguros.
Así, Pérez Carro recalcó que el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez tiene la disposición de colaborar institucionalmente.
La Guardia Nacional:
- Solo podrá hacer uso de la fuerza en casos extraordinariamente necesarios, respetando a cabalidad los Derechos Humanos.
- Estará entrenada para buscar soluciones pacíficas y tendrá claro que la fuerza letal es el último recurso.
- No podrá, en ningún caso, usar la fuerza en caso de manifestaciones pacíficas.
- Robustecerá la coordinación entre estados y municipios, fortalecerá la doctrina policial y utilizará la información para planear acciones contra la delincuencia.
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