Enrique Vargas Flores, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), llamó a la sociedad civil para construir argumentos y enaltecer el valor de la acción económica y cultural, que tiene implicaciones en los diferentes sectores de esta disciplina, esto al clausurar el “II Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura: Un derecho de la cultura de calidad para el fortalecimiento de la democracia”.
El evento reunió a representantes de 22 países iberoamericanos con más de 100 ponencias presenciales y virtuales que tuvieron sede en el auditorio “José de Jesús Gudiño Pelayo”, del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas (Cijurep) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).
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Vargas Flores puntualizó que buscarán que a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la próxima Conferencia Mundial de Políticas Culturales de Barcelona 2025 (Mondiacult) den a conocer las conclusiones del foro que se centraron en el desarrollo normativo de la cultura y serán analizados en la Cumbre Iberoamericana que será efectuada en noviembre con el objetivo de continuar el avance en la materia y abrir las cultura a todos los sectores.
Por su parte, Paz Portales, representante de la Unesco, adelantó que el objetivo principal del Mondiacult es seguir promoviendo la solidaridad y el diálogo en favor de la protección del derecho a la cultura en el marco de los derechos humanos, desarrollar un plan estratégico para definir a la cultura como un derecho propio, revisar el marco de estadísticas para la cultura, alineado al trabajo que se ha realizado en las cumbres y convenciones de protección del patrimonio y la diversidad cultural, así como concluir la biblioteca digital desde un enfoque de los derechos humanos.
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En su oportunidad, Lorena Larios, secretaria para la Cooperación de la Secretaría General Iberoamericana, en un mensaje transmitido de manera híbrida, aseguró que en este foro se profundizó en la protección de la cultura como un derecho fundamental y en cómo las leyes y las políticas culturales pueden garantizar la diversidad cultural y el desarrollo sostenible. Resaltó que este Congreso se ha convertido en una incubadora de conocimiento que permitirá plantear una hoja de ruta con sus conclusiones y recomendaciones.
Más adelante, Santiago Sierra, jefe del Departamento de Coordinación de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, enfatizó que el reto es salir del mundo académico y de la esfera doctrinal para aterrizar los logros que se han obtenido.