La restitución de Edmundo Jacobo Molina en la Secretaría ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) no es una victoria, sino una muestra de la inconstitucionalidad del llamado Plan B, pues el Tribunal Electoral y el juzgado de distrito que conoció del amparo que interpuso el secretario ejecutivo con su resolución lo demostraron, afirmó el vocal ejecutivo de la junta local del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega.
En entrevista, dijo que este primer movimiento es parte del restablecimiento del orden constitucional, al menos en lo que corresponde a la autonomía que tiene el INE, otorgada por la Constitución, para designar este puesto.
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Incluso, aseveró, para la remoción, la cual está establecida para el cargo, está en manos del Consejo General del INE o, en su defecto, de un juicio político, así como el de los consejeros electorales.
Habría que revisar y conocer lo del artículo 105 Constitucional y las atribuciones en la materia que sí tiene el Tribunal Electoral, las cuales al parecer desconocen las autoridades, advirtió.
Manifestó que todas las autoridades del orden municipal y estatal tienen el deber de respetar el orden constitucional y aquellas que en ese marco toman las diferentes instancias, tribunales o juzgados, pero en este momento no están aceptando la resolución.
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Sin embargo, insistió en que está determinación es una de las primeras de los tribunales, los cuales cuentan con la facultad de conocer acerca de la inconstitucionalidad del Plan B y, en ese sentido, se afirma más allá de esta primera resolución del Tribunal.
De igual forma, enfatizó que el Plan B contiene diversas violaciones a los principios constitucionales en materia de organización de los procesos electorales y de la organicidad de las autoridades electorales, de ahí que esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que conocerá de las acciones y recursos interpuestos, emita una resolución para restablecer los principios constitucionales.