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Con 21 votos a favor, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la integración de la comisión especial encargada del procedimiento para la designación de dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), la cual estará conformada por Maribel León Cruz, Lenin Calva Pérez y Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, como presidenta y vocales, respectivamente.
De acuerdo con el dictamen, esta comisión deberá emitir y publicar las bases o convocatoria para el proceso de elección de las dos magistraturas, la cual estará dirigida a todos los abogados de la entidad y tendrá que ser publicitada debidamente con el nombre de los sinodales.
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Para el cumplimiento de los objetivos de la comisión especial, ésta deberá contemplar fechas y lugares para el examen o exámenes públicos de oposición que se efectúen conforme a la Ley, nombrándose para tales efectos a los miembros del jurado, cuya integración recaerá en académicos e investigadores preferentemente ajenos al estado, además de contemplar fechas y demás actos procesales que estimen pertinentes.
Además, podrá requerir todo tipo de información a los órganos técnicos, administrativos y legislativos del Congreso del Estado que así lo estime pertinente para el adecuado cumplimiento de sus funciones o a todo ente público que así lo estime pertinente.
Posteriormente, la comisión deberá dictaminar el decreto o acuerdo correspondiente en el que se dé a conocer el resultado del proceso de designación de las o los aspirantes a las dos magistraturas a integrar el TJA en términos de las bases o convocatoria que para tal efecto se emitan y que sustituirán en el cargo a Marcos Tecuapacho Domínguez y María Isabel Pérez González.
Para ser magistrada o magistrado de este Tribunal, la o el elegido deberá contar con experiencia en materia de derecho administrativo y fiscal de al menos cinco años previos a la designación y ésta será para un periodo de seis años con posibilidad de reelección hasta por un periodo igual al que fueron designados.
De igual forma, previo a su designación las magistradas y los magistrados deberán aprobar los exámenes públicos de oposición que se efectúen conforme a la Ley, ante el Pleno del Congreso.
La Comisión Especial en mención, una vez constituida por el Pleno, tendrá la facultad de solicitar la información correspondiente para el cumplimiento de sus facultades y se extinguirá al concluir el proceso.
