Los cambios intempestivos en el proceso del conductor del transporte Flecha Azul por parte de Angélica Aragón Sánchez, jueza adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, no dejó “mal parado” al Poder Judicial, defendió Héctor Maldonado Bonilla, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
En entrevista, aceptó que en un principio la jurista dictó libertad condicional al imputado, pero el 15 de julio determinó decretarle prisión preventiva; sin embargo, aquella decisión no fue por el extrañamiento enviado por la Secretaría de Gobierno.
El titular del organismo dijo que el Poder Judicial goza de autonomía e independencia para el dictado de las resoluciones y cada una de ellas las establecen con apego a la legalidad, “además todo juzgador posee criterio”.
El magistrado presidente del Consejo de la Judicatura local comentó que el cambio fue concretado por las nuevas pruebas aportadas en el juicio procesal, por parte del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
De ahí que aseguró: “no estamos sujetos a ningún tipo de presión, lo que garantiza nuestra independencia; se puede hablar de presión social, política y mediática, pero nosotros no nos manejamos bajo ninguna circunstancia”.
Aseveró que los pronunciamientos de los gobernadores en sus convenciones podrían dar cabida a iniciativas para que esa medida excepcional sea modificada, pero las reformas tienen que ser previstas y analizadas por el Congreso de la Unión.
“Soy respetuoso de los pronunciamientos o aseveraciones que se hagan en el ámbito nacional o local, pero el sistema es garantista y la Constitución local y Carta Magna establecen que los derechos humanos son progresivos, y no se puede restringir un derecho ganado”, se refirió a la libertad.
Por ello, Maldonado Bonilla admitió que todo sistema es perfectible y con el Sistema de Justicia Penal “todavía estamos en acoplamiento, pues no se debe perder de vista a los operadores, como la PGJE, Defensoría Pública, Atención a Víctimas, cuerpos de seguridad pública, entre otros”.
Subrayó que las partes involucradas en ese caso lograron un acuerdo, lo cual, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo tiene previsto como una salida, toda vez que posee un corte garantista, privilegia la reparación del daño y convierte la prisión preventiva como una medida excepcional.
No estamos sujetos a ningún tipo de presión, lo que garantiza nuestra independencia; se puede hablar de presión social, política y mediática, pero nosotros no nos manejamos bajo ninguna circunstancia
Héctor Maldonado / Presidente del TSJE