En respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para invalidar al menos 55 leyes de ingresos de 2023 de igual número de municipios, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Jaciel González Herrera, confió en el trabajo realizado al dictaminar dichas leyes.
En entrevista, manifestó que el Congreso no ha sido notificado por la CNDH sobre las observaciones señaladas, pero sí le llama la atención, pues algunos temas fueron retomados de otro ejercicio, los cuales ya revisaron en el actual y no hubo un error de parte del Legislativo.
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Sin embargo, dijo ser respetuoso de las observaciones del organismo autónomo y prefirió no adelantar hechos, pues esperarán una notificación de manera oficial para dar contestación, pues seguramente se trata de un tema donde la Comisión tomó el trabajo u observación de otro ejercicio.
En este sentido, explicó que una ley de ingresos es extensa, tiene muchos temas y cuestiones que deberán revisar y analizar, esto, aunque realizaron un trabajo sobre la revisión, análisis y corrección de algunos temas, los cuales desde el ejercicio pasado observaron.
Asimismo, dijo que la Comisión de Finanzas hizo el trabajo técnico para dictaminar las leyes, lo cual fue muy extenso porque abordaron los parámetros donde se ponían a discreción el cobro de los impuestos, pero con mesas de trabajo con los alcaldes los invitaron a realizar las correcciones y les hicieron observaciones para mejorar.
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Aunado a lo anterior, el legislador aseveró haber atendido las observaciones realizadas por la autoridad pertinente, de ahí que las recientes son de temas del ejercicio anterior, pero que en las de 2023 sí corrigieron.
Finalmente, insistió en esperar a la notificación de la CNDH para contestar legalmente, pero confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dé vista, pues el trabajo realizado fue consciente y responsable.
- La CNDH impugnó diversos artículos de 55 leyes de ingresos de igual número de municipios, a través de cuatro acciones de inconstitucionalidad.