Por enésima ocasión, autoridades de las 94 comunidades tlaxcaltecas que se rigen por usos y costumbres exigieron al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) representantes en el Congreso local, nombrados mediante sus asambleas generales comunitarias, pues consideraron que las personas que llegan a las diputaciones por partidos políticos no los representan, de ahí que demandaron contar con al menos 10 de las 25 curules en juego.
En este sentido, los representantes de estas comunidades nahuas y equiparables de Tlaxcala que conservan sus propias normas y procedimientos para el nombramiento de sus autoridades, afirmaron que tienen el derecho de aplicar estas mismas normas para designar y vigilar a las autoridades en el ámbito de la representación política en el Poder Legislativo, quienes opinarán, propondrán, discutirán y de decidirán sobre las propuestas de leyes desde sus maneras de organizarse y necesidades.
Explicaron que en Tlaxcala 94 de las 393 presidencias de comunidad se rigen por sistemas normativos propios, es decir, el 25 %, de ahí que este porcentaje de diputaciones tanto por mayoría relativa como representación proporcional deben ser nombradas por sistemas normativos propios, además de que deben buscar la representación más cercana posible al 100 % de estas 94 comunidades.
En específico, puntualizaron, debe nombrarse una diputación por mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales locales actuales que cuentan con el mayor número de las 94 comunidades, además de que demandaron que de las diputaciones de representación proporcional debe ser al menos el 25 % de las mismas, es decir al menos tres curules.
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Lo anterior, manifestaron, para incluir a las 12 comunidades non representadas por el sistema de mayoría relativa, por lo cual solicitaron nombrarlas de manera rotativa entre comunidades de Tlaxcala, Panotla, Totolac, Tepeyanco, Xaltocan, Atlangatepec y Tetlatlahuca, entre otros.
Finalmente, esas mismas autoridades exigieron a las consejeras y consejeros del Consejo General del ITE respeten su derecho a participar en la planeación de la consulta previa sobre el Reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística, de ahí que los presidentes condenaron categóricamente los intentos que realizó el personal del ITE en diversas comunidades.
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Los representantes condenaron públicamente la decisión del ITE de suspender de manera unilateral su “mal planteada consulta”, al negarse en todo momento de apegarse a los lineamientos que les han hecho llegar, según sus formas de organización, ordenamientos jurídicos y su intento de reiniciar la misma bajo sus tiempos.
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